El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes el procedimiento expropiatorio emprendido por la Administración andaluza, sobre tres permisos de investigación afectados por el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). La mina de Aznalcóllar fue abandonada poco después de la famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, se trata del "procedimiento expropiatorio de las solicitudes de permisos de investigación" concedidas a 'SC Andalucía Minning S.L.' y 'Qbis Resources SL' sobre 72 cuadrículas mineras, la mayoría de ellas en Aznalcóllar y algunas en el vecino municipio de Sanlúcar la Mayor. Todo ello merced al decreto Ley promovido por la Junta de Andalucía articulando "los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar".
La finalidad de este procedimiento de expropiación, por tanto, no es otra que "la reserva de la actividad extractiva de los derechos mineros de todas la secciones (...) a favor de la comunidad Autónoma de Andalucía".
El mencionado decreto Ley, recogido por Europa Press, expone que "el desempleo en Andalucía es un problema estructural que se ha visto agravado por la lacerante situación de crisis económica", toda vez que "la actividad minera es una fuente de innovación, de empleo y de riqueza" y el antiguo complejo minero de Aznalcóllar, con casi 950 hectáreas de superficie, "posee unas reservas constatadas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata) de 35 millones de toneladas y otros 45 millones de toneladas de recursos probables".
"La mayor parte de la infraestructura necesaria para la explotación de la mina, la corta minera, ya está construida, por lo que podrían reanudarse las actividades extractivas sin grandes transformaciones en el suelo", refleja el decreto Ley manifestando después que "en el momento actual, marcado por la crítica económica, el Gobierno andaluz tiene la responsabilidad de aprovechar las reservas de la mina de Aznalcóllar, dado que la minería metálica, operada con escrupuloso respeto de las normas y planes ambientales, es una fuente de empleo y de riqueza".
MEDIDAS PREVENTIVAS
El decreto Ley, no obstante, admite que "no puede ni debe olvidarse que la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar (...) hace que la reanudación de las actividades extractivas, que tanto empleo y riqueza pueden generar, deba ir precedida de la adopción de todo tipo de medidas preventivas que minimicen y controlen los riesgos que la minería supone en este entorno, tan próximo al parque nacional de Doñana".
"La primera medida preventiva es velar para que sea una empresa minera con la solvencia suficiente para poder cumplir con las más altas exigencias medioambientales la que explote la mina de Aznalcóllar, para lo cual es necesario establecer un procedimiento de concurrencia competitiva en el que, con respeto de los principios de igualdad, transparencia y no discriminación entre las empresas interesadas, sea posible seleccionar a la que mejor garantice una actividad extractiva segura, comprometida con el medio ambiente y con el desarrollo económico y social de la comarca", expone el decreto Ley publicado este mismo miércoles en el BOJA.
Así, el decreto Ley declara que "las actividades extractivas de explotación se adjudicarán mediante concurso público entre empresas españolas y extranjeras, en aplicación del artículo 11.3.b) de la ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas".
TRAS LA RUPTURA DE LA BALSA EN 1998
Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina que por aquel entonces explotaba Boliden-Apirsa en 1998, esta multinacional sueca de la minería abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros durante varios años.
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.
