El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales en 2013 en la provincia de Huelva ha alcanzado los 1.535, lo que supone un descenso del 53 por ciento respecto al ejercicio anterior, ya que en 2012 se vieron afectados 2.880 trabajadores.
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consultados por Europa Press, en la provincia desde 2010 hasta 2013 han ido en aumento el número de empleados afectados por este tipo de medidas, siendo 2012, --cuando se aprueba la reforma laboral--, el año de mayor intensidad.
Así, en 2010 estas medidas laborales alcanzaron a 699 trabajadores onubenses, aumentando la cifra un 46 por ciento en 2011 con más de mil empleados afectados. En concreto, en esos dos años un total de 1.718 trabajadores se acogieron a expedientes de regulación de empleo (ERE).
Del mismo modo, resulta llamativo que en 2012 el número de trabajadores aumenta hasta los 2.880, siendo más intenso en este sentido que en los dos ejercicios anteriores, mientras que 2013 se ha cerrado con un descenso de empleados afectados. No obstante, hay que destacar que la cifra de trabajadores acogidos a un ERE en 2013 ha experimentado un ascenso respecto a 2010 y 2011 del 219 por ciento y del 150 por ciento, respectivamente.
Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió en 2013 casi un cien por cien, hasta sumar 297 trabajadores, cuando en 2012 este mismo tipo afectó a 622 empleados. En el caso de las suspensiones de contrato el retroceso fue menos pronunciado, del 32 por ciento, hasta un total de 577, mientras que en las reducciones de jornada se ha registrado un alza el pasado ejercicio respecto al anterior, con 488 trabajadores en 2012 y 661 un año después.
"DEVALUAR LAS CONDICIONES LABORALES"
El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz, ha argumentado a Europa Press que estos datos confirman que la reforma laboral que impulsó en 2012 "sin consenso" la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "sólo sirve para devaluar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores al objeto de que las empresas puedan seguir manteniendo sus beneficios".
Así, ha recordado "la facilidad" con que la normativa permite ahora "eliminar derechos a los trabajadores", ya que abre la puerta a que estas medidas se ejecuten por "decisión unilateral" del empresario, independientemente de que se llegue a acuerdo o no con los representantes de los empleados en el periodo de consultas previo y "haciendo innecesarias las autorizaciones administrativas".
Por ello, el delegado territorial ha reclamado tanto a empresarios como a trabajadores que busquen "el mayor consenso posible" antes de adoptar medidas de este calado y ha señalado que existen alternativas que no pasan por exigir "mayor sacrificio al empleo".
Eduardo Muñoz ha remarcado que la reforma laboral "suavizó considerablemente" los requisitos para presentar un ERE por causa económica, sobre todo en el despido colectivo. Así, antes de la nueva normativa, la empresa debía acreditar una disminución persistente de su nivel de ingresos de tal forma que afecte a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo, mientras en la actualidad "basta con contemplar una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres consecutivos".
Finalmente, ha señalado que, con la normativa actual, sólo las empresas pueden presentar estas medidas, cuando antes podían hacerlo, en casos concretos, los trabajadores a través de sus representantes, con lo que el Gobierno central "les ha privado de un derecho laboral más".
