Este viernes se cumple una semana de la última aparición pública del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien de tratar de internacionalizar el movimiento independentista catalán en Finlandia pasó a una cárcel alemana.
La secuencia de acontecimientos del viernes 23 de marzo colocó en cuestión de horas a Puigdemont de conferenciante en el edificio central de la Universidad de Helsinki a objetivo directo de la euroorden activada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra él y cuatro exconsellers huidos de España.
Puigdemont había llegado el jueves a Helsinki, invitado por un grupo de diputados simpatizantes de la causa soberanista y en vísperas de que Llarena procesara a la cúpula del proceso independentista.
El viernes, tras dar una conferencia en la Universidad, Puigdemont expresó en una rueda de prensa su apoyo total a los procesados, incluida la líder de ERC Marta Rovira, huida la noche anterior a Suiza.
Quienes se personaron ese día ante el Supremo -como el entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull- ingresaron ese mismo viernes en prisión en Madrid.
Con la reactivación de la euroorden contra Puigdemont se abrió la búsqueda, policial y mediática, para tratar de determinar su paradero.
Su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, aseguró desde Barcelona que su defendido se proponía entregarse a las autoridades finlandeses, mientras que la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP) esperaba aún la noche del viernes la llegada de la euroorden.
El sábado por la mañana, la Policía del país nórdico ya tenía la documentación, pero Puigdemont no compareció en ninguna de las comisarías donde podría haberse entregado ni acudió al aeropuerto para tomar un avión de regreso a Bélgica, donde reside desde que huyó de España, en octubre de 2017.
Aproximadamente una hora después de despegar el vuelo para el que se sabía que el líder soberanista tenía billete con destino a Bruselas, su anfitrión en Finlandia, el diputado Mikko Kärnä difundió un comunicado afirmando que el político catalán había abandonado la noche anterior Helskini, "por medios desconocidos", en dirección a Bélgica.
Eran varias las hipótesis sobre la ruta podía haber tomado, si en ferry a Suecia, Estonia, San Petersburgo o el norte de Alemania, o por carretera en dirección a Suecia, Noruega o Rusia.
La espera hasta la primera noticia sobre su paradero no fue tan larga: a las 11.19, hora local (09.19 GMT), la Policía alemana le detuvo en la estación de servicio de Schuby en la autopista A7, 35,5 kilómetros después de haber entrado en Alemania por Dinamarca.
Progresivamente se fueron revelando detalles de la operación, según los cuales la detención se produjo en una acción coordinada por los servicios de inteligencia españoles -CNI- con la Policía federal de investigación criminal alemana -BKA-.
Puigdemont viajaba en un coche con matrícula belga con cuatro acompañantes: dos mossos d'esquadra (policías autonómicos catalanes), el empresario Josep María Matamala y un profesor universitario, todos personas de confianza de su confianza.
El CNI tenía controlado el vehículo, alertó a la BKA de cuándo iba a entrar en Alemania y ello hizo posible la detención.
En cuestión de horas, Puigdemont ingresó en la cárcel de Neumünster, en el mismo estado federada de Schlewig-Holstein donde se produjo el arresto y a cuya Justicia corresponde ahora examinar la euroorden y decidir sobre la petición de extradición a España, donde está procesado por rebelión y malversación de fondos públicos.
El juzgado de instrucción de Neumünster dictaminó el lunes que seguiría detenido mientras la Fiscalía examine ese material y tome una decisión al respecto, lo que no se espera ocurra hasta entrada la próxima semana, puesto que el lunes es festivo en Alemania.
