La petición de extradición de la exconsejera Clara Ponsatí, que apoyó el proceso ilegal de independencia en Cataluña, coloca en una posición delicada al Gobierno de Escocia, que está recibiendo presiones por mantenerse al margen del procedimiento judicial, según los expertos.
Ponsatí, que se reincorporó a su trabajo como profesora en la Universidad escocesa de Saint Andrews a inicios de marzo, quedó en libertad con medidas cautelares tras entregarse voluntariamente el miércoles en una comisaría de Edimburgo, donde fue detenida tras la euroorden emitida por la Justicia española.
La exconsejera, que afronta cargos de rebelión violenta y malversación de fondos públicos relacionados con la organización del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, confirmó que recurrirá el proceso de extradición, cuyo inicio está previsto para el próximo 18 de abril.
Después de que la Policía escocesa confirmase que contaba con la orden europea de detención, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, mostró su rechazo ante la posición del Ejecutivo español por "perseguir" a los políticos separatistas, pero aseguró que su Gobierno respetaría la independencia del sistema judicial.
En opinión de Anthony Salamone, analista del Centro Escocés de Relaciones Europeas, la petición de extradición de Ponsatí es un "quebradero de cabeza" para el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que ostenta el poder en esta región del Reino Unido.
"Es una situación en la que el SNP no querría haberse visto, porque, aunque Sturgeon ha dicho que no quiere involucrar a su Gobierno en la extradición, desde el momento en que el proceso se produce aquí le presenta muchas dificultades", dijo Salamone a Efe.
Señaló que la posición de Sturgeon -quien declaró que entendía "el deseo" de algunas personas de que el Gobierno fuese "capaz de hacer o decir más"- es la única que puede adoptar, lo que no implica que no vaya a tener un coste político para su partido.
Precisó que cualquiera de los posibles desenlaces del proceso de extradición "presenta dificultades para el Ejecutivo escocés".
Si finalmente Ponsatí es extraditada a España, tal decisión causaría "gran alboroto entre los miembros y los votantes del SNP" que, según Salamone, podrían reprochar a Sturgeon su neutralidad, mientras que si la extradición es rechazada "situaría al Gobierno escocés en una posición difícil respecto a España".
Este experto consideró que, si bien el gabinete de Sturgeon "ha mostrado su solidaridad con los políticos independentistas durante toda la crisis en Cataluña", también "pretende ser cauto".
En un hipotético escenario en que lograse la independencia, -prosiguió el analista- Escocia querría optar a ser miembro de la Unión Europea y desearía que España no se opusiese.
"No tenemos que olvidar que, aunque la celebración de un nuevo referéndum de independencia en Escocia no va a ser inmediata, es una estrategia que el SNP mantiene a largo plazo", precisó.
Para Michael Keating, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro para el Cambio Constitucional de Edimburgo, el Gobierno escocés "no puede ir más allá de expresar su simpatía" con los políticos independentistas y hacer gestos simbólicos.
Se refirió así a la carta que la ministra escocesa de Exteriores, Fiona Hyslop, remitió a la embajada española en el Reino Unido, en la que dijo "lamentar" que "España haya involucrado al sistema legal de Escocia en lo que debería ser una cuestión de debate político".
La actuación de la Justicia española recibió, en cambio, un apoyo cerrado del Gobierno británico de la conservadora Theresa May.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores afirmó a Efe que la posición del Gobierno británico sobre Cataluña "es bien conocida".
"Queremos que se respete el Estado de Derecho, se defienda la Constitución española y se mantenga la unidad", señaló esta fuente.
Según Keating, los cargos que se le imputan a la política catalana "son difíciles de encajar en el ordenamiento jurídico escocés, especialmente el de rebelión violenta, que no existe".
Eso explicaría, apuntó, el respaldo que Ponsatí ha recibido de la comunidad universitaria y de algunos ciudadanos, lo que, recalcó, "no va a alterar la decisión de la Justicia, que es plenamente independiente".
