El PP estudia recurrir la falta de ejecución presupuestaria

El PP no descarta acudir a los tribunales si no se compensa a Andalucía de la falta de ejecución del total de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en virtud de los establecido en el Estatuto de Autonomía, y cuyo déficit este partido cifra en 2.197 millones de euros.

Este anuncio fue realizado ayer por el presidente del PP-A, Javier Arenas, en su intervención tras la reunión mantenida con la dirección regional del partido, en la que se analizó el impacto de los PGE en Andalucía en los últimos años y la ejecución a 30 de junio de los Presupuestos andaluces del 2010.

Según el presidente de los populares andaluces, el Gobierno de la nación ha dejado de invertir en 2008 un total de 478 millones de euros y de 1.719 millones en 2009, ya que no se ha cumplido con lo previsto en el Estatuto de Andalucía de que la inversión alcance el 17,8 por ciento que supone la población andaluza en España.

“En dos años de vigencia del Estatuto de Andalucía nos deben 2.197 millones de euros”, denunció Arenas, quien recordó que a otras comunidades autónomas -Cataluña y Baleares- se les “compensa” por la falta de ejecución presupuestaria y, por ende, el incumplimiento de sus respectivos textos estatutarios.

Esta cláusula no se recoge para Andalucía pero, según Javier Arenas, existe un respaldo estatutario por el que a esta comunidad se le debería compensar también de la falta de ejecución de las cuentas del Estado, por lo que dijo que su partido no descarta acudir a los tribunales para proceder a esta reclamación.

Antes de esa medida, Javier Arenas anunció que presentarán una serie de iniciativas en el Parlamento andaluz y en las Cortes Generales, así como una interpelación en el Senado a la vicepresidenta segunda del Gobierno central, Elena Salgado.

El presidente del PP andaluz acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al jefe del Ejecutivo de Andalucía, José antonio Griñán, de ser “tal para cual”, ya que el primero sigue diciendo “no” y el segundo responde con un “sí bwana” a todo lo que le plantee el jefe del Gobierno de la nación.

Por otra parte, el dirigente del PP calificó de “terribles” los datos de ejecución de los presupuestos andaluces de 2010, a 30 de junio, ya que, según detalló el secretario general del grupo parlamentario, Jorge Ramos,las inversiones ascienden a un 23,89 por ciento y las transferencias de capital al 15,46 por ciento.

Mientras tanto, según el dirigente popular, el gasto corriente a fecha de 30 de junio asciende a 39,39 por ciento, mientras que el capítulo 7 de los presupuestos -correspondiente a los activos financieros- tiene un grado de ejecución del 3,13 por ciento, cuando se trata de fondos “necesarios” para ayudas a los autónomos, a las pymes, a las energías renovables y a las viviendas, entre otras.

Destacó también que la ejecución presupuestaria en 2010 por consejerías apenas llegue al 30 por ciento y que haya algunos departamentos que no alcancen ni el 10 por ciento, como por ejemplo la de Economía, Innovación y Ciencia, que apenas cuenta con 5 por ciento; la de Turismo, el 6,20 por ciento, o la de Igualdad, con un 7,54 por ciento del total.

Estudian ampliar la demanda

El PP incluirá en la demanda presentada ante el Supremo contra el cobro de la deuda histórica andaluza en solares del Estado las palabras de ayer del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, sobre que “está fuera de la ley” que los municipios puedan saldar la suya de la misma forma

Así lo anunció ayer el presidente del PP-A, Javier Arenas, quien dijo que ayer se instó a los servicios jurídicos del partido a incluir esas palabras en el contencioso-administrativo que tiene presentado en el Supremo tras considerar que esas declaraciones “no tienen desperdicio” viniendo de un vicepresidente.

Manuel Chaves declaró el miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los diputados, que el pago de la deuda de los ayuntamientos al Estado a través de la cesión de solares, es un “disparate” que está “fuera de la ley” y que convertiría al Estado en una “gran agencia de gestión de suelo”.