La Junta, a través de su Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha salido al paso de sus últimas actuaciones contra en la pedanía vejeriega de El Palmar en la que, en las últimas dos semanas, procedió a la demolición parcial de dos construcciones ilegales.
Según la citada Consejería, ambas viviendas “se encontraban en parcelas calificadas como suelo rústico” y “eran utilizadas como segunda residencia y estaban destinadas al alquiler, sobre todo vacacional”, contradiciendo así a los vecinos afectados y también al alcalde de Vejer, Antonio González..
Además, lamentan el comportamiento de los propietarios ya que “aunque fueron precintadas el día anterior a su demolición por la Inspección Autonómica y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, éstos “rompieron los precintos y retiraron las edificaciones prefabricadas, por lo que sólo se repuso parcialmente la realidad física alterada como es el caso de una piscina y tres losas de cimentación de hormigón armado, que fueron enterradas”.
Estas actuaciones se remontan a 2019, “año en el que se iniciaron los primeros procedimientos en el Palmar. De hecho, se notificó la paralización de las obras en agosto de 2019, si bien previamente se había apercibido en actas de inspección que las obras eran ilegales y debían paralizarse”.
Desde entonces, “sistemáticamente se han incumplido las órdenes de suspensión, ya que el propietario rompía los precintos y continuaba las obras, con lo que incumplía sistemáticamente la orden de suspensión de actividad que era la de establecimiento turístico. Estos incumplimientos se han acreditado en más de diez visitas a la zona por parte de los inspectores autonómicos”.
Para la Junta, “en el caso de El Palmar se está produciendo un fenómeno de construcción de viviendas prefabricadas sobre suelo rústico. La práctica totalidad de edificaciones se constituyen en segundas residencias y, en su mayoría, se destinan a alquileres vacaciones clandestinos”, por lo que señala que “las medidas adoptadas por la Inspección autonómica están dando los resultados esperados, puesto que se observa un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones”, al tiempo que “se está procediendo a la “.
Con estas actuaciones, la Junta ratifica “su compromiso con el cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística y con la colaboración institucional y el auxilio con los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus potestades y funciones” y recuerda que “hay que saber diferenciar viviendas irregulares de viviendas ilegales”.
En este sentido, añaden para concluir que “la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) recoge la redacción de planes especiales que minimicen el impacto ambiental de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas y, por tanto, que se encuentran en un limbo jurídico”.
