La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación sobre los vuelos macro de deportación que organiza en colaboración con distintos Estados miembros la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex), para conocer si se respetan los derechos fundamentales de las personas deportadas, más de 10.800 desde 2006.
"Por su propia naturaleza, las operaciones de retorno forzoso pueden potencialmente implicar graves violaciónes de los derechos fundamentales. Con esta investigación, quiero averiguar cómo está equipado Frontex para hacer frente a estas vulneraciones potenciales y cómo se minimiza el riesgo de que ocurran", explica O'Reilly.
En concreto, ha dirigido por carta a Frontex una batería de preguntas tendentes a averiguar de qué mecanismos dispone la Agencia para garantizar que los Derechos Humanos no se vulneran en las deportaciones forzosas, quién tiene la responsabilidad de asegurar el bienestar de los migrantes durante los vuelos y si existen métodos de supervisión independientes en los mismos.
Asimismo, solicita información sobre el tratamiento que reciben los migrantes en circunstancias especiales, como enfermos o mujeres en avanzado estado de gestación, pide los reportes de seguimiento de las operaciones conjuntas y se interesa por los posibles problemas de aplicación del Código de Conducta de Frontex en los vuelos conjuntos, como en lo relativo a escoltas, mecanismos de denuncia y de cooperación entre Estados.
En 2012, los Estados miembros de la UE ordenaron la expulsión del territorio de más de 484.000 ciudadanos de terceros países, de los que 178.000 finalmente dejaron el espacio Schengen. Frontex coordina las operaciones de retorno conjuntas que organizan los distintos países. De 2006 a 2013, se ejecutaron 209 operaciones de este tipo que deportaron a 10.855 migrantes.
España participó el año pasado en 18 de estos vuelos conjuntos con los que deportó a 445 personas a destinos como Lagos (Nigeria), Islamabad (Pakistán), Tirana (Albania), Tiflis (Georgia), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) o Kiev (Ucrania), conforme los datos que recoge la Defensora del Pueblo española.
"Como los ciudadanos de la Unión Europea se fijan cada vez más en la inmigración, el papel de Frontex está cada vez más en el punto de mira. El año pasado, llamé a la agencia para establecer un mecanismo de denuncias de posibles violaciones de los derechos fundamentales derivadas de su trabajo. Esta nueva investigación es parte de la labor que está realizando el Defensor del Pueblo Europeo en esta importante área", añade O'Reilly.
La investigación de la Defensoría del Pueblo incluye la cooperación de Frontex con los organismos nacionales de supervisión, como los defensores del pueblo de los distintos países europeos, a quienes se ha dirigido la institución para pedirles "cualquier información pertinente relativa a las operaciones de retorno".
