Las plantillas de las empresas contratadas por el Ayuntamiento de Sevilla para la prestación del servicio de ayuda domiciliaria a personas dependientes, un servicio cuya financiación aportan la Junta de Andalucía y el Estado, están reclamando que las trabajadoras de mayores de 50 años, embarazadas y con perfiles de población de riesgo de contagio de coronavirus Covid-19, sean eximidas todas ellas de trabajar, admitiendo eso sí que algunas de estas empresas ya habrían comenzado a retirar del servicio a algunas de estas personas.
Según ha informado a Europa Press una portavoz del comité de empresa de Clece, una de las principales empresas contratistas del Ayuntamiento hispalense para la prestación de la ayuda domiciliaria, dicho servicio suma a unas "2.000 trabajadoras" en la ciudad. Pero como consecuencia de las medidas preventivas promovidas para intentar frenar la expansión del coronavirus Covid-19 y la implantación del estado de alarma con las consiguientes restricciones, "sólo unas 200" estarían prestando servicios en estos momentos, según cálculos de la representación de las plantillas.
Las trabajadoras que continúan en activo, según ha precisado, tienen reducida su labor "a servicios mínimos" de aseo de los usuarios considerados como grandes dependientes y para solucionar sus necesidades en materia de alimentación o adquisición de productos básicos, con lo que "usuarios que contaban cuatro horas de atención se han quedado sólo con una", lo que según esta portavoz de las trabajadoras se ha traducido en quejas por parte de los dependientes.
LOS MATERIALES DE PROTECCIÓN
Y además de continuar la escasez de equipos de protección individual (EPI) frente al coronavirus Covid-19, pues más allá de una "primera tanda" apenas habrían sido incorporados más materiales, esta portavoz de las trabajadoras ha avisado de la situación que afrontan muchas de las trabajadoras por su edad, su situación de embarazo o por pertenecer a perfiles de población "de riesgo" de contagio.
Por eso, ha explicado que los representantes de la plantilla han reclamado a las empresas que las empleadas mayores de 50 años, embarazadas o de perfil "de riesgo" sean relevadas por otras trabajadoras apartadas del trabajo por la aplicación de los servicios mínimos, exponiendo eso sí que algunas de las sociedades concesionarias de la ayuda a domicilio ya han comenzado a hacerlo en el caso de trabajadoras de 60 años o más o estipulando una cierta "rotación" en la plantilla a la hora de cumplir los servicios mínimos.
Finalmente, ha insistido en la situación de las empleadas retiradas del servicio a cuenta de los servicios mínimos al desconocer si podrán cobrar sus nóminas. "Si las nóminas se abonan o no (a las empleadas obligatoriamente liberadas de trabajar) depende de que la Junta haga el pago (al Ayuntamiento y este a su vez a las empresas contratadas) y el presupuesto para ello está asignado", ha enfatizado esta portavoz, reclamando "que se garantice el pago de todas las nóminas".
A tal efecto, una orden emitida en junio de 2017 por la Junta de Andalucía y recogida por Europa Press determina que "las fuentes de financiación del servicio (de dependencia) son las aportaciones del Estado y de la comunidad autónoma, así como de las personas usuarias", toda vez que "la aportación de la comunidad autónoma se realizará mediante transferencias en base" a cuantías calculadas "a mes vencido y en función del número de horas efectivamente prestadas".
