La representación legal de los padres de la niña con trastorno del espectro autista (TEA) que denunciaron el pasado junio a cuatro maestras del CEIP Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla) por supuestamente burlarse de su hija ha presentado un recurso de apelación ante la decisión de la juez del Juzgado mixto número 3 de la localidad nazarena, María Elena Pérez Caro, de no autorizar a que un médico forense haga un reconocimiento pericial de la menor.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de los padres de la pequeña, Javier Jaenes, solicita a la Audiencia que se lleve a cabo informe pericial forense sobre la menor de corte psiquiátrico y psicológico, así como físico, con el fin de determinar "la posible incidencia" de las conductas de las docentes en el estado de salud y posible involución de la menor y "estudiar la verosimilitud de que las marcas apreciadas en el cuerpo de la niña pudieran haber sido ocasionadas por las profesoras investigadas" y, asimismo, se acuerde llevar a cabo la ampliación de la investigación por un presunto delito de malos tratos.
Este recurso surge en respuesta de un auto de la magistrada instructora, del pasado 11 de octubre, en el que desestima los recursos de la acusación particular al "no ver necesario" desarrollar esa pruebas periciales "habida cuenta la documentación que ya consta" en el sumario judicial.
Sin embargo, la representación de los padres de la menor asegura que es necesario "que el médico forense realice pericial de corte psiquiátrico y psicológico acerca de la incidencia que han tenido sobre la menor todas las pruebas que obran en autos", entendiendo que la negativa a que se lleve a cabo, provoca a la menor "indefensión".
Así, el recurso recuerda que el presente procedimiento se basa en el "maltrato sufrido" por una menor de siete años diagnosticada de trastorno del espectro autista y trastorno específico del lenguaje escolarizada en un aula específica, donde tras instalar los padres una grabadora en la mochila de la menor, "se adjuntan dichas grabaciones junto con la transcripción certificada de las mismas por una empresa especializada en servicios lingüísticos y donde las tres docentes investigadas, se reconocen, al igual que se dan por ciertas las transcripciones".
En esa línea, el abogado de los padres apunta que la juez "tras avanzar en la instrucción con mayor documental médica aportada y las declaraciones de las docentes reconociendo los hechos", desestimó que la menor sea reconocida por el Médico Forense pese a que inicialmente "de oficio" ordenó esa diligencia.
En concreto, recoge que en el referido auto la magistrada de instancia señala que "a tenor de las aseveraciones vertidas en la querella, a resultas de las manifestaciones de las investigadas y de los propios progenitores, amén de soporte documental existente en autos, tal diligencia se torna absolutamente innecesaria".
Para esta parte, la magistrada "incomprensiblemente" hace unos juicios de valor "sesgados "en atención a las pruebas descritas, "pues entra a valorar documentación médica de manera parcial, extractando lo que a su juicio justifica la decisión adoptada y mostrando un conocimiento médico nulo al interpretar dicha documental médica omitiendo juicios clínicos y tratamientos sin contrastar la historia clínica completa aportada" cuando debiera "dejarse ilustrar por un profesional de la medicina forense imparcial que es quien verdaderamente puede arrojar luz acerca de las consecuencias en la menor de las conductas denunciadas en la querella".
Continuando esa línea, el recurso recuerda que se adjuntan seis horas de grabaciones realizadas dentro del aula específica "donde de manera indubitada" se escuchan "constantes gritos, insultos y vejaciones a la menor, inferidas por parte de las docentes responsables del aula específica", grabaciones en las que "las docentes se reconocieron" y "que no fueron impugnadas". Así, señala que es "desalentador" que la juez "no refiera absolutamente nada" ni de lo recogido en las grabaciones ni en la transcripción de las mismas toda vez que en ellas se aprecia "un maltrato infringido a una menor con autismo" y la necesidad de que esta sea reconocida por un forense de corte psiquiátrico y psicológico para determinar tales preceptos.
Con respecto a la solicitud rechazada de ampliar la querella realizada por un presunto delito de malos tratos físicos señala que ante la "verosimilitud de tal temor" y la existencia de "marcas que por imposibilidad física no ha podido realizarse la propia menor" que "revelan moratones en los brazos y en las nalgas, con marcas de dedos adultos, absolutamente incompatibles con autolesiones de una niña de siete años" es "necesario" que se inicie diligencias en ese sentido.
