El titular del juzgado penal 9 de Sevilla ha condenado a un aparcacoches ilegal -conocidos como gorrillas- a dos años de prisión por robo con violencia a un joven al que atacó en el entorno del tanatorio de Sevilla "esgrimiendo unas tijeras", una pena fruto de un acuerdo entre las partes y además suspendida.
La Fiscalía pedía inicialmente para el acusado -J.D.R.C., de nacionalidad portuguesa- cuatro años de prisión, si bien en el juicio hoy las partes han llegado a un acuerdo de forma que el acusado ha aceptado dos años y el juez ha suspendido la pena, por lo que el acusado -en prisión preventiva desde enero- ha quedado libre, según informó a Efe su abogado, David Parejo.
Los hechos sucedieron a las 14.30 del 22 de enero cuando la víctima salía de aparcar su coche en el entorno del tanatorio y el acusado, "esgrimiendo unas tijeras de grandes dimensiones que le colocó en la cintura, le quitó las llaves del coche y a gritos le exigía la cartera y el móvil" que el joven le entregó "presa de miedo dado que el acusado no cesaba de hacer amago de pincharle con la tijera", según el escrito de la Fiscalía.
La víctima se refugió en un vehículo que pasaba por el lugar cuyo conductor le abrió la puerta y lo llevó hasta el tanatorio, donde llamó a la Policía
El acusado intentó huir en el coche de la víctima sin conseguirlo al evitarlo vecinos y familiares del mismo que lo sacaron, ante lo cual se fugó en bici con la cartera y el móvil robados, que posteriormente le fueron devueltos a la víctima por "un desconocido previa entrega del acusado", excepto siete euros, una tarjeta de crédito y el permiso de conducir.
La devolución de los efectos llevó a la Fiscalía a aplicar la atenuante de reparación del daño en su escrito de acusación, en el que pedía una pena de cuatro años para J.D.R.C. por robo con violencia.
El acusado fue detenido días después y tras pasar a disposición judicial, ha permanecido en prisión preventiva desde el 29 de enero por estos hechos.
Hoy se ha celebrado el juicio en el juzgado de lo Penal 9 de Sevilla en el que las partes han llegado a un acuerdo de forma que la Fiscalía ha reducido de cuatro a dos años su petición de pena y el acusado ha aceptado los cargos y dicha pena.
A petición de la defensa, el juez ha acordado suspender el cumplimiento de la misma -a condición de no volver a delinquir- y la puesta en libertad inmediata del acusado.
