Los tribunales acaban de abrirle un nuevo foco de sobresalto a Susana Díaz. En esta ocasión no es la antigua cúpula de la Junta la que desfilará por los juzgados ni un miembro de su Gobierno, como ocurrió con el consejero Ramírez de Arellano, acusado y luego exculpado, pero sí se ve afectado un rostro conocido que se sienta el Parlamento andaluz y que además forma parte de su Ejecutiva regional como secretario de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A. El nuevo golpe en la línea de flotación de la presidenta lleva el nombre de Carmelo Gómez, exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla destituido en 2002 por el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y sobre el que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, María Núñez, cree que pesan indicios suficientes como para que le investigue el TSJA por el caso Mercasevilla.
La condición de parlamentario de Gómez obliga a que sea el máximo órgano judicial andaluz el que dé el paso. Núñez lo alienta porque cree que, como en otros seis casos más, “existen indicios racionales de criminalidad” que se traducen en la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
La jueza concluye así su investigación sobre los 8.390,55 euros que Gómez recibió en 2007 de Mercasevilla, el hilo inicial del que su compañera Mercedes Alaya tiró en su día para desenredar luego la descomunal madeja de los ERE. Cree probado que el diputado, que preside también la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Cámara, ingresó esa cantidad que le fue trasferida a través de una de las empresas de Juan Lanzas, el famoso conseguidor de la macrocausa, y además de forma simulada porque no existió contraprestación laboral alguna. La instrucción del caso habla literalmente del pago de facturas por “trabajos no realizados”, algo que constató ya la investigación de la Guardia Civil.
Gómez figura en los archivos de la Seguridad Social como empleado en la sociedad Maginae Solutions durante apenas 133 días a lo largo de 2007, entre el 22 de marzo y el 1 de agosto. Por ese periodo de tiempo ingresó los más de 8.000 euros que ahora pesan en su contra, desglosados en 4.705,85 euros como retribución básica y otros 3.684,7 euros por rentas exentas de gravamen y dietas. Esas cantidades forman parte de los algo más de 70.000 euros con cargo a Mercasevilla que el expresidente de la lonja, Fernando Mellet, habría transferido a Gómez, al exconcejal socialista de Sevilla José Antonio García y a Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo Antonio Rivas. Todos ellos, además de Lanzas, su cuñado y el gestor José Rodríguez están acusados.
La Fiscalía también
La petición de la juez Bolaños se solapó ayer, en paralelo, con el punto y final de la investigación de la Fiscalía en torno al caso Mercasevilla, destapado tras las presiones a un grupo de hosteleros sevillanos para que pagaran comisiones a cambio de una subvención para inaugurar un centro de formación. Aquellas indagaciones que arrancó el Ministerio Público en el ahora lejano 2009 han concluido con la petición de que se investigue a 20 supuestos implicados por malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil. Carmelo Gómez aparece por lo tanto señalado de nuevo, aunque el Ministerio Público descarta en todos los casos el delito societario. Lanzas y su cuñado, Mellet, García, Rivas, la responsable de Contabilidad de la lonja y hasta el mayorista Antonio Vela y a su hija le acompañan como futuros investigados.
C’s pedirá su cabeza si hay corrupción
Ciudadanos se aferró este martes al mismo argumento que ya esgrimió cuando el TSJA llamó a declarar al consejero Ramírez de Arellano: mientras haya indicios pero no acusación formal de corrupción no pedirá su cabeza. Si se avanza un paso más, no dudará en reclamar su expulsión del Parlamento haciendo valer el pacto firmado con Díaz. La Junta se limitó ayer a pedir respeto y celeridad a la Justicia.
