La jueza que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla toma declaración mañana como imputado al exgerente Fernando Mellet, tras un informe de la Agencia Tributaria según el cual gastó en dos años un total de 31.528 euros con la tarjeta VISA oficial, de los que solo justificó 6.513 euros.
La magistrada Mercedes Alaya toma declaración a Mellet, a su adjunto Daniel Ponce y a la Directora Económica Pilar Giraldo, imputados por presunto delito societario en una de las cuatro ramas del caso Mercasevilla.
Su comparecencia se produce después de que un informe de la Agencia Tributaria haya concluido que Mercasevilla contabilizó como ingresos partidas que no tenían tal consideración y no registró como gastos otras que tenían esta naturaleza.
Como consecuencia de ello, "se ha alterado el resultado económico-contable y se ha ofrecido una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad" y en concreto en el ejercicio 2008, de unos beneficios contables declarados de 258.024 euros se pasó, después de las correcciones, a unas perdidas de 7.885.285 euros.
De cuanto a patrimonio neto a 1 de enero de 2009, de 12.328.764 euros se pasa 3.022.091 euros, según los peritos.
Mercasevilla hacía un control "no adecuado" del uso de la VISA de Mellet, que entre 2007 y 2009 pagó con ella 31.528 euros de los que solo ha justificado 6.513,77, en su mayor parte en restaurantes de lujo de Sevilla, según el informe al que ha tenido acceso Efe.
De la misma manera, recogen irregularidades en 11.417 euros gastados por Ponce en un viaje a Vietnam.
Los auditores "no encuentran justificación" a una beca para estudiar diseño gráfico en Londres, pues no entienden como podría contribuir a los fines de la Fundación Mercasevilla, o la entrega de 16.412 euros a una joven, relacionada con un directivo de la Asociación de Mayoristas del mercado, lo que según el informe se hizo por "un ánimo de liberalidad".
Entre las irregularidades, los peritos recoge el pago de un viaje del juez Baltasar Garzón para participar en un foro jurídico en Sevilla, donde se alojó en el hotel Alfonso XIII y para lo que la Fundación pagó al conferenciante sin retención del IRPF, como era su obligación.
En cuanto a las facturas por importe de 237.138 euros en 2004 y 89.468 euros en 2005 expedidas por Juan Francisco Algarín, uno de los supuestos testaferros del caso de los ERE, "no responden a ventas o servicios realmente prestados", señalan los peritos.
En esta rama, abierta desde hace tres años, se investiga la presunta falsedad de las cuentas de Mercasevilla y la juez imputa presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales, delitos societarios, administración desleal o apropiación indebida.
En septiembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la juez Mercedes Alaya que tomase declaración cuanto antes a estos tres imputados para eludir el riesgo de "nulidad de todo o parte del procedimiento" y la prescripción de los delitos.
