El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha declarado que los asaltos de los jornaleros de Sánchez Gordillo, “son acciones que están dentro de la lucha de un sindicato, que te gustará más o menos, pero que tampoco es para reprobarlo”. Y ha añadido: “Si se ocupan fincas públicas, allí estoy yo para que tenga rentablidad para la gente”.
Cuando se pierde el norte hay que recordar lo obvio. La ley 9/1983 de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución. Y dentro de éste figura el artículo 33, que estipula: : 1) Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia; 2) La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes; 3) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
Dado que Sánchez Gordillo es parlamentario andaluz, cabría la posibilidad de que el dueño de Mercadona elevara una queja al Defensor del Pueblo Andaluz sobre la actuación de este diputado.
Y en tal eventualidad , ¿qué podría decirle Chamizo a Juan Roig y a las cajeras arrolladas para sacar sin pagar los carritos del supermercado, cuando Sánchez Gordillo cobra como parlamentario varios miles de euros/mes y tiene dinero de sobra para comprar de su bolsillo varios carros que donar a los necesitados en vez de, demagógicamente, ‘expropiárselos’ a un empresario que arriesga su capital y que en tiempos de Pimentel como ministro de Trabajo hizo de golpe fijos a miles de empleados eventuales?
Chamizo, al alinearse con los asaltantes en vez de con los asaltados, ha perdido su autoridad moral, por cuanto ha dejado de velar por el respeto a los derechos constitucionales que le ha encomendado el Parlamento. Tratar de reducir sus declaraciones al ámbito de la libertad individual de expresión carece de sentido, por cuanto Chamizo, diga lo que diga, no puede sustraerse a su condición de Defensor del Pueblo y a su cargo institucional.
El cura Chamizo ha acabado siendo víctima de una variante del denominado ‘síndrome de Estocolmo’, en virtud del cual las víctimas acaban desarrollando una relación de complicidad con los transgresores, bien por dependencia física y/o emocional de los mismos, bien por la aureola de supuesto romanticismo con que aquéllos tratan de justificar sus actos al margen de la ley.
