La Asociación en Defensa del Patrimonio Histórico (Adepa) de Sevilla ha formalizado su demanda por la vía del Contencioso-Administrativo para reclamar medidas cautelares encaminadas a la paralización de las obras de la residencia universitaria en el número 38 de la avenida de La Palmera. Medidas cautelares hasta que se decida sobre el fondo de la demanda: la anulación de la licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en junio de 2021 y la demolición de lo hasta ahora construido.
La demanda, presentada este pasado lunes 21 de noviembre y consultada por Europa Press, apunta a la "vulneración flagrante" de hasta seis artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla (1.2.2, 1.2.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 y 9.4.12, concretamente) que "atentan tanto a los principios inspiradores del mismo como a sus normas y criterios interpretativos", al tiempo que "contra la imagen y patrimonio de la propia ciudad, al afectar a una de sus principales vías".
"Esta parte no acude a los tribunales por una cuestión de gustos o de estética. El presente recurso nada tiene que ver con gustos personales ni con la estética del edificio, no se pretende que se construya de conformidad con ellos. Estamos hablando de vulneraciones de la normativa urbanística y acudimos a esta litis porque se han vulnerado unos preceptos y la legalidad", se argumenta en la demanda.
Para Adepa, las citadas "vulneraciones" pueden "traer consigo la declaración de nulidad del acuerdo que otorgó la licencia". Defiende, además, que de no llevar a cabo la suspensión y paralización de las obras "podría en cualquier momento comenzarse con la actividad comercial en la edificación". "De sobra es conocido que, en la práctica, resulta bastante difícil proceder a la demolición de una obra una vez ya iniciada, cuando no ya finalizada", se subraya.
El edificio, abunda la demanda, "supondría un perjuicio irreparable para la imagen de la ciudad, ya que se estaría desvirtuando el paisaje urbano de esta zona tan emblemática", y el promotor "nos consta que no cesa ni escatima en agilizar las obras para que la residencia se encuentre en funcionamiento a la mayor brevedad posible". Por todo ello y "no solo" pensando en la edificación y "el perjuicio que ello supondría para el patrimonio inmaterial y urbanístico de la ciudad", Adepa apunta también al "gasto brutal que podría suponer la demolición".
En este punto, la Asociación señala en su demanda que "el Ayuntamiento sería el último responsable de haber permitido que se iniciara la construcción de la edificación y a quien correspondería indemnizar en tal sentido". La medida cautelar --apostilla-- es "una garantía también para las arcas públicas que, sin duda, merecen un mejor destino". "Por mucho que lo buscamos, no encontramos indicio alguno del interés público en que se levante un enorme edificio con únicos fines lucrativos para un particular en detrimento de la fisionomía urbanística y el entorno", sostiene Adepa.
Por último, la entidad manifiesta que hay que tener "en consideración también la casi segura imposibilidad de demolición de la obra, llegado el caso de una futura sentencia estimatoria, si en esas fechas el edificio destinado a residencia de estudiantes se hallase ya en pleno funcionamiento. Estamos hablando de terceros de buena fe que, de buen seguro, harían prevalecer su derecho y, por tanto, supondría casi con toda seguridad que en la práctica la demolición que se pretende nunca pudiera llevarse a cabo y el edificio permaneciera".
