Ecologistas en Acción ha propuesto una reestructuración integral de la Casería de Ossio con el desplazamiento de las casetas a la zona municipal junto al Club Náutico y la legalización de los establecimientos de hostelería.
La organización considera “una realidad” que las construcciones existentes en el frente litoral de San Fernando en el saco de la Bahía están en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y son ilegales. “En nada ayuda, y es una clara irresponsabilidad, los llamamientos de entidades ciudadanas, y más aún de partidos políticos y responsables municipales, a que no se actúe, o lo que es lo mismo, a que se incumpla la Ley de Costas”.
También considera que es una evidencia que la zona se ha convertido en un espacio desordenado y donde se mezclan establecimientos hosteleros con solera con numerosas casetas, unas de pescadores, otras dedicadas a actividades que nada tienen que ver con la pesca y algunas, de dudosa legalidad.
En total, la orden de desalojo afecta a 61 casetas y dos establecimientos hosteleros, la Cantina del Titi (El Bartolo) y Casa Muriel (La Corchuela), establecimientos muy conocidos, que llevan décadas funcionando en ese entorno; en concreto, El Bartolo desde la década de los 30 del siglo pasado, y La Corchuela desde los 50.
Ecologistas en Acción explica que los desalojos se justifican por la aplicación de la ley de Costas y la necesaria recuperación del dominio público usurpado. “La propuesta oficial de la creación de una playa artificial es, a nuestro juicio, un proyecto innecesario e inconveniente. En La Casería nunca hubo una playa arenosa, son playas fangosas, y así deben seguir siendo”.
La organización denuncia además el “populismo barato y la incoherencia” de que están haciendo gala tanto la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (PSOE), como los diferentes partidos políticos representados en el Consistorio isleño.
Por un lado, PP y AxSí aprobaron un PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que obligaba al derribo de todas las construcciones existentes. Y la Junta de Andalucía, con el PSOE, lo ratificó.
“Todos los partidos han defendido el proyecto de playa en La Casería, que implica el desalojo y demolición de todas las edificaciones. ¿A qué viene ahora esa radical oposición al desalojo?”
Distintas varas de medir
No obstante, Ecologistas dice que también es “entendible la indignación popular cuando existen varias varas de medir” en las administraciones públicas.
Recuerda que la misma administración que permitió la construcción de las “horrendas” torres de La Casería o el centro comercial de Bahía Sur en antiguas salinas, ahora se muestra inflexibles ante estas construcciones en La Casería. “La ley debe ser igual para todos, y aplicarse siempre con el mismo rasero”.
Es más, si los deslindes de la Ley de Costas no permitieran excepciones, al día de hoy habría que tirar los apartamentos y bungalós de Bahía Sur, la galería comercial que da al molino de mareas y buena parte del Club La Salina. Pero hay excepciones.
Ecologistas en Acción reclama la reordenación de todo el frente litoral de San Fernando que da a la Bahía de Cádiz, desde los terrenos de la antigua fábrica de San Carlos hasta los polvorines abandonados de Fadricas, con actuaciones de conservación del patrimonio y de disfrute y uso público, donde podrían ser compatibles los chiringuitos existentes.
Igualmente, reubicar las casetas de los pescadores y mariscadores legales en la zona trasera, fuera del DPMT, que es de titularidad municipal. Estas casetas deben ser “de nueva construcción, que mantengan su tipología, pero con materiales más nobles y una adecuada ordenación, y en régimen de alquiler”.
Concesiones recientes
Finamente y en lo que respecta a la solución del tema social, otorgar a los establecimientos hosteleros concesiones administrativas para permitir el mantenimiento de la actividad.
Ecologistas en Acción recuerda que existen precedentes de concesiones a restaurantes en zona de DPMT. Las más recientes, al afamado Aponiente en El Puerto de Santa María y al cuartel de la Guardia Civil en La Loma del Puerco, en Chiclana. De hecho, El Bartolo ha disfrutado hasta hace poco de una concesión de Costas.
El colectivo conviene en que hay que convertir un problema, la ilegalidad de unos restaurantes ocupando DPMT, en una oportunidad, establecimientos legales con espectaculares vistas a la Bahía de Cádiz y con el hecho singular de quedar rodeados de agua en mareas altas.
Finalmente y en lo que respecta al paseo marítimo, los ecologistas lo reducen a un sendero peatonal que abra este espacio al público general y permita valorar el paisaje del saco de la Bahía, huyendo de paseos mamotréticos, más caros, impactantes e innecesarios.
