La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) ha emitido un manifiesto para reclamar la retirada de la estatua del General Varela de la plaza del Rey en cumplimiento de la Ley Memoria Histórica. Bajo el título de ¿Hasta cuándo Varela?, en el texto reza lo siguiente:
"Transcurrido el día 14 de junio, como “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura”, institucionalmente establecido en la ley 2/2017 de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y ante la proximidad de otra de las fechas destacadas en la conmemoración de los acontecimientos del 36, el 18 de julio, como día “oficial” de comienzo del golpe de Estado (recordemos que en realidad el inicio está un día anterior en el protectorado de Marruecos), consideramos oportuna la siguiente reflexión reivindicativa y de denuncia social.
La misma ley arriba mencionada y ya con anterioridad, pero con menos decisión, la Ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica, han instado a las distintas administraciones públicas competentes a la retirada de símbolos conmemorativos de exaltación o de enaltecimiento del golpe militar, la guerra de 1936 y la dictadura franquista de nuestras calles, plazas y edificios. Ambas leyes, además, contemplando una excepción: la concurrencia de razones artísticas o arquitectónicas.
San Fernando cuenta desde 1948 con una escultura ecuestre de Aniceto Marinas en la plaza principal de la ciudad que homenajea al general José Enrique Varela Iglesias. De él, sus defensores, siempre han argüido sus dos condecoraciones laureadas por méritos militares obtenidos en la Guerra del Rif y de ella –la escultura– su valor artístico y antigüedad. Sus detractores, sin embargo, recuerdan de él su implicación en el intento de golpe de Estado de 1932, ya en plena Segunda República, conocido como la “sanjurjada”, y su participación en el golpe de Estado y la guerra de 1936, siendo nombrado ministro del Ejército por Franco en reconocimiento a su contribución “liberadora”.
En nuestra opinión, ningún militar bi-golpista que haya contribuido a masacrar extranjeros o compatriotas, por muy distintas que fueran sus culturas o ideas políticas, merece presidir uno de los espacios públicos más importantes y neurálgicos para la convivencia en nuestra ciudad.
No hacía falta una ley ni dos para haber afrontado, hace ya bastante tiempo (hablamos de décadas), la decisión convencida y valiente de que tal monumento en homenaje a un asesino no debía estar en ese espacio público. Ni siquiera por la controvertida y cuestionada suscripción popular para la construcción del mismo, porque esta se realizó en un tiempo de falta de libertades personales y políticas. Máxime cuando su retirada fue aprobada en 2016 en un Pleno municipal a propuesta de Sí Se Puede San Fernando, con el único voto en contra del Partido Popular, y cuando, transcurrido un año de la entrada en vigor de la ley andaluza, el organismo competente en materia de políticas de memoria de la Junta de Andalucía solicita información a este respecto a los distintos ayuntamientos.
Parece que, a la espera del desarrollo reglamentario de la ley de 2017, y ante la posibilidad de que la consejería competente pueda emitir un informe favorable a su conservación por razones de patrimonio, los responsables del gobierno local siguen a la espera de un proyecto de transformación de la plaza, prometido y vendido electoralmente, que no termina de ejecutarse.
No es explicable ni comprensible, salvo por una voluntad contraria a los principios que se defienden desde los responsables políticos de las tres administraciones públicas con competencia en esta materia –Ayuntamiento, Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía–, la inacción que en materia de políticas de memoria está demostrándose al preservar un monumento ensalzador de la guerra (los frisos laterales del mismo así lo acreditan) y la represión brutal que sufrió este pueblo. Y no nos referimos solo a la ciudad de San Fernando con más de doscientos asesinados documentados enterrados clandestinamente en fosas comunes, sino de medio país por donde desarrolló su limpieza genocida el insigne militar.
Más difícil tuvo que ser la retirada de la escultura, también ecuestre, del propio dictador, trasladada en 2002 en El Ferrol, su ciudad natal, a un lugar no tan privilegiado hasta su ostracismo definitivo en 2010, año a partir del que quedó cubierta por una lona en un almacén militar.
Del mismo modo que el día 14 de junio el Ayuntamiento inició su particular retirada de simbología franquista, desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) instamos al cumplimiento de las leyes, los acuerdos plenarios y la más elemental conciencia cívica y moral para proceder a la retirada de la escultura objeto de este escrito, así como a que la consejería competente en la materia, actualmente la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, ante la persistencia de esta situación, incoe de oficio el procedimiento para la retirada de este símbolo, de acuerdo a lo que establece el artículo 32 de la Ley 2/2017 ya mencionada. Por todo lo expuesto, solicitamos formal y públicamente la retirada de su emplazamiento actual y de la vía pública de la escultura ecuestre dedicada al genocida José Enrique Varela Iglesias".
