El concejal del PP isleño, Daniel Nieto ha presentado las restantes mociones que, junto a la encaminada a la defensa del 'silvestrismo', serán abordadas en el pleno municipal.
La primera de estas solicita al gobierno municipal "adoptar las medidas administrativas oportunas para que la fórmula que aplique para impedir que las familias isleñas paguen el incremento en la factura del agua que el propio gobierno municipal ha apoyado, cuente con todos los informes técnicos y legales favorables".
De igual forma se insta a la Junta de Andalucía a través del organismo competente a ejecutar las inversiones previstas y necesarias en materia de infraestructuras que permitan la modernización de la red de distribución, y a permanecer como parte integrante en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, asumiendo todas sus competencias, responsabilidades y compromisos.
En su exposición de motivos Nieto recuerda que en el año 2005 fue transferida a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Dicha transferencia aparejaba un compromiso adquirido por la administración autonómica de realizar inversiones en infraestructuras por valor de 260 millones de euros; estas inversiones que se organizaban en 15 actuaciones prioritarias distintas siguen al día de hoy pendientes de su ejecución o puesta en valor.
En 2006 se creó el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana que agrupa a 18 municipios de la provincia. En dicho consorcio se integran la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Aguas, y los ayuntamientos de Algar, Arcos, Barbate, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Conil, Jerez, Medina Sidonia, Paterna, Puerto Real, El Puerto, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar, Trebujena y Vejer.
Posteriormente la Junta acordó con los municipios que constituyen el Consorcio la ejecución de 27 actuaciones por un importe de 193 millones de euros destinados a modernizar las infraestructuras.
En este sentido hay que hacer constar que las infraestructuras con las que se cuentan tienen en muchos casos más de 40 años de antigüedad; la antigüedad y la falta de mantenimiento e inversiones tienen como consecuencia que la red sufra una pérdida de agua estimada en el 30% del total distribuido.
En definitiva, la Junta de Andalucía mantiene una deuda pendiente en materia de inversiones en infraestructuras de aguas de más de 400 millones de euros.
Con todo esto, el Consorcio el pasado 29 de julio celebró una Asamblea General en la que, entre otros ayuntamientos, el de San Fernando respaldó la iniciativa planteada de incrementar la tasa en red primaria que pagan los usuarios al Consorcio.
En la práctica ello supondrá una subida del recibo del agua por dicho concepto a las familias isleñas en torno a un 15% todo ello provocado –como queda dicho- por la falta de implicación de la Junta de Andalucía a la hora de invertir en la red durante los últimos años tal y como era su obligación.
El propio gobierno municipal de San Fernando reconoció este incremento del recibo acordada con el voto afirmativo del representante de San Fernando en el Consorcio; igualmente aseguró que dicho incremento no lo pagarían las familias isleñas sin aclarar quién lo haría o qué formulas se arbitrarían para impedirlo. Por ello "exigimos que ese incremento no repercuta de ninguna forma en el bolsillo de las familias isleñas".
Factura electrónica
La última de las mociones alude a la reforma experimentada por la Administración tendente a dotarla de instrumentos legales y técnicos que aseguren su modernización, su eficiencia y su transparencia. Evidentemente estas reformas han supuesto un sobreesfuerzo para los funcionarios públicos que han sido los responsables de la implantación de dichas herramientas al trabajo diario de la Administración, pero también una necesaria adaptación del ciudadano en su relación con la Administración Pública.
Durante el anterior mandato corporativo el Ayuntamiento de San Fernando emprendió una razonable e irreversible modernización administrativa fruto de las reformas legales antedichas y del convencimiento de todos de la necesidad de adaptar su funcionamiento a parámetros de eficacia y eficiencia mucho más exigentes.
"Ejemplo de lo que estamos diciendo es la implantación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, que en su artículo 4º obliga a todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública a expedir y remitir factura electrónica", afirma Daniel Nieto.
No obstante las ventajas evidentes que este proceso de modernización acarrea, no es menos cierto los inconvenientes que el mismo puede procurar sobre todo a pequeños proveedores municipales de bienes y servicios; "estos proveedores se ven ahora en la obligación de emitir y presentar sus facturas electrónicamente sin contar para ello -en no pocas ocasiones- con los conocimientos y el adiestramiento previo y necesario para poder llevarlo a cabo, incluso con la falta de medios técnicos para poder hacerlo personalmente".
Mientras se superan estos inconvenientes, parece razonable que estos pequeños proveedores puedan contar con el auxilio de la propia administración contratante que, sin mermar su transparencia ni ralentizar su paulatina modernización, no perjudique tampoco los intereses de estos ciudadanos.
Por ello, el PP propondrá al Gobierno municipal a adoptar las medidas administrativas oportunas para organizar por el tiempo necesario un servicio de apoyo a pequeños proveedores municipales por el que se facilite la emisión y presentación electrónica de las facturas en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, y a adoptar las medidas administrativas oportunas para organizar cursos de adaptación y capacitación en materia de emisión y presentación de facturas electrónicas destinados a PYMES y comerciantes isleños.
