El Partido Popular ha asegurado que los técnicos certifican que la delegada de Urbanismo realizó "obras ilegales en su vivienda". Las declaraciones del presidente del Partido Popular de San Fernando, José Loaiza, se producen una vez que asegura contar con el último informe elaborado por los técnicos del Ayuntamiento de San Fernando realizado como consecuencia de la denuncia que la formación realizó por las obras irregulares en una finca de la delegada municipal de Urbanismo, unas conclusiones que el gobierno de PSOE "quiso minimizar" definiendo su resultado como un “problema de discrepancias administrativas”.
Loaiza ha recordado que de este turbio asunto se empieza a tener constancia a raíz de la denuncia presentada por el PP el pasado 20 de enero, “si no, no hubiera pasado nada, todo habría quedado tal cual y nadie se hubiese interesado en mirar la realidad de esa obra. Con nuestra denuncia se obliga a revisar la situación y ahora parece que sí hay cosas que no encajan”.
"Lo que sí cuadra es que el PP tenía la razón en su denuncia y queda certificada la existencia de obras irregulares e ilegales "ejecutadas por la delegada de Urbanismo, la socialista Claudia Márquez, en su vivienda. “Sólo esta conclusión -advierte- la inhabilita para seguir al frente del urbanismo municipal”.
En segundo lugar, el Gobierno de Patricia Cavada intentó restar importancia a esta situación manifestando que se trata de un problema derivado de una construcción “de sólo 3’5 metros” y que, por tanto, pertenece al ámbito administrativo. “Mentira”, subraya Loaiza. “La inspección municipal y el informe jurídico, certifican la veracidad de la denuncia de que Claudia Márquez lleva a cabo en su vivienda una construcción irregular de 20 metros cuadrados. Esto no puede hacerlo nadie, pero mucho menos la delegada de Urbanismo”.
Se acredita, además, la existencia de “falsedad documental en los planos que presentan los arquitectos que redactan el proyecto de reforma de la finca” para validar la autorización del Ayuntamiento a las obras. “Se ha mentido con un plano que no se corresponde con el estado original de la citada finca”. Los técnicos alegan que ese plano, un documento que cuenta con presunción de veracidad, les ha llevado a error, que es lo que siempre ha defendido Loaiza.
Y todo esto “lo ha hecho quien está encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en nuestra ciudad, Claudia Márquez, mano derecha de Patricia Cavada”.
José Loaiza recuerda que sobre la base a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la concejala del PSOE tendría que haberse abstenido de intervenir en su propio procedimiento, cosa que no hizo hasta el 20 de febrero de 2022. “Ha incumplido la Ley, ya que ha estado interviniendo en el procedimiento de las obras de su casa. No puede hacerlo. Por dignidad, tendría que irse”.
Además, incide el edil, “tenemos decretos del Ayuntamiento multando a vecinos que no han colocado el preceptivo cartel de obra en sus viviendas, o que son sancionados por mantener los cables en la fachada. Sin embargo, la señora Márquez ni puso cartel ni soterró el cableado. Y no pasa nada”
Por último, Loaiza lamenta que Patricia Cavada sea “cooperadora necesaria de toda esta situación”. Argumenta esta acusación en el hecho de que el Ayuntamiento ya recibió en agosto de 2021 una denuncia de un vecino alertando sobre obras irregulares en la finca de la delegada de Urbanismo, a lo que la alcaldesa contestó en el propio Pleno que se trataba de un asunto de ámbito privado.
“Lo primero que tendría que haber hecho Cavada era avocar las competencias de la teniente de alcaldesa puesto que ha permitido que una concejala de su equipo de gobierno incumpla la ley y obtenga un trato de favor. A sabiendas ha permitido que Claudia Márquez actúe en su propio procedimiento y conscientemente la está defendiendo”, aclara. Por tanto, “si la delegada de Urbanismo no se va, la alcaldesa tiene que cesarla”.
