Izquierda Unida Rota ha anunciado que apoyará la primera huelga general de este curso escolar convocada por la comunidad educativa para el próximo 26 de octubre en contra de la aprobación del decreto de las reválidas por parte del Gobierno en funciones del Partido Popular en el mes de julio.

El partido se opone a este sistema de pruebas memorísticas que consideran es "segregador, excluyente y competitivo, que expulsará a cientos de miles de jóvenes del sistema educativo sin cualificación, de forma prematura, condenándolos a unas condiciones de completa precariedad en el sistema laboral".

Entre las justificaciones que esgrimen para rechazar este sistema de pruebas, Izquierda Unida explica que "no sirven ni mejoran los resultados escolares. Los estudios muestran que, a pesar de los recursos invertidos en evaluaciones estandarizadas desde los años 90, no hay mejoría consistente y/o significativa en los resultados escolares de los países en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas y problemas de comparabilidad entre ellas".

Izquierda Unida rechaza este tipo de exámenes memorísticos porque "sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas, limitando la valoración del progreso del alumnado al rendimiento académico medido en el momento de la prueba, sin contemplar los avances del alumnado en su proceso y despreciando además otros elementos cualitativos, así como las circunstancias personales del alumnado, que sólo pueden ser valoradas adecuadamente por el profesorado que las conoce y que ha estado presente y acompañado el proceso de aprendizaje".

Los efectos negativos añadidos más evidentes que se han observado respecto a las evaluaciones estandarizadas son la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, recurriendo a otros profesionales; la degradación de contenidos, ya que se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos en preparar pruebas y exámenes; el coste económico por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años; y el coste para las familias de quienes suspendan pagando academias privadas para repetir la reválida; el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar estas pruebas a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado.

IU denuncia que este modelo segregador de exámenes, "ahondando el modelo excluyente que ha implantado el PP con sus recortes educativos consagra así la expulsión de cientos de miles de alumnos y alumnas". El reciente Informe de la OCDE para España concluye de forma tajante: “Una educación de calidad necesita una financiación sostenible”, no más recortes. Porque los pagan aquellos que más apoyo y atención necesitan.

España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año, situándose en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE, por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc. La inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países. En términos de PIB, se ha pasado del 5% a solo el 4,3% (7.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea. El Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017. "Que se haya pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España por parte de los gobiernos del PSOE y del PP en los últimos años", manifiestan desde el partido.

La consecuencia según IU de estas políticas neoliberales de recorte de lo público, pactadas entre PP y PSOE y consagradas con la modificación del artículo 135 de la Constitución, es que la cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años de este Estado "ni está estudiando ni puede trabajar. Lo cual tiene su origen en políticas educativas que, sin recursos y con reválidas excluyentes y segregadoras, potencian el fracaso y abandono escolar de la población joven que más lo necesitaría".

IU entiende que la evaluación ha de ser integral (que analice todos los factores que intervienen) del sistema educativo y que no pierda el carácter formativo (orientada a la mejora). En la educación, y más aún en la obligatoria, la evaluación "debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje. Una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa es antipedagógica, sancionadora y excluyente. Es apostar por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a otro centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Esta es la apuesta de Izquierda Unida desde un enfoque pedagógico".