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Punta Umbría

Vandalizan el coche del alcalde de Punta Umbría

Hernández Cansino lo ha denunciado en sus redes sociales y ya sufrió la quema de otro cuando estaba en la oposición

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  • Vandalizan el coche del alcalde de Punta Umbría -

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (UPU), ha denunciado que en la noche del pasado jueves han entrado en el garaje de su domicilio y han vaciado dos extintores sobre su coche. No es la primera vez que sufre ataques contra vehículos de su propiedad, ya que en 2018 cuando se encontraba en la oposición prendieron fuego a su coche de entonces en plena calle, motivo por el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva abrió diligencias y llamó a declarar a una persona.

Según ha indicado Hernández Cansino en su cuenta de Facebook, la Policía "ya ha estado allí e investigará lo ocurrido", pero ha avisado al responsable de este ataque de que "ni me calló entonces ni me torcerá ahora".

El alcalde de Punta Umbría ha tildado este acto de "ataque cobarde" y "posiblemente mafiosos", toda vez que ha lamentado "las molestias y perjuicios que han causado en los vehículos de mis vecinos y en el propio garaje de la comunidad, que también se han visto afectados, aunque en menor medida".

El anterior suceso tuvo lugar el 16 de enero de 2018, cuando su coche apareció quemado en la puerta de su domicilio en Punta Umbría de madrugada. En declaraciones a Europa Press entonces, Hernández Cansino señaló que "el vehículo empezó a arder por detrás" y que estaba "convencido" de que ha sido "provocado" para "hacerle daño" por "su actividad política".

El juzgado consideró en aquel entonces que los hechos que resultaron de las investigaciones presentaban "características" que hacían presumir "la existencia de una infracción penal", ya que el atestado de la Guardia Civil indicaba que la quema del coche de Hernández Cansino fue "por encargo", según una declaración que de forma "voluntaria" hizo el presunto autor, M.M.L. ante los investigadores. No obstante, tras este relato espontáneo y tras informarle la Guardia Civil de sus derechos, se negó a hacer una declaración oficial posterior, asistido por un abogado.

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