Hay un problema con el transporte urbano de la capital. El próximo 7 de octubre expira el contrato puente que realizó hace dos años la anterior corporación municipal, con la empresa ALSA como beneficiaria. Antes de esa fecha no se va a sacar a licitación un nuevo contrato para este servicio, porque los plazos administrativos ya no lo permiten.
Esto provoca que los empleados de la empresa sigan trabajando a día de hoy con condiciones recogidas en un convenio que expiró el 31 de diciembre de 2022 y que están “muy lejos” de las que tienen trabajadores de su mismo sector en otras capitales andaluzas.
“Estamos en una situación muy precaria, tanto en lo económico como en las condiciones de trabajo. No podemos más y la empresa nos dice que hasta que no haya una nueva licitación no nos puede ofrecer nada”, explica a VIVA Pablo Manuel Molina, portavoz del comité de empresa de los trabajadores de ALSA.
Esto les llevó a poner una reclamación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) y, al no prosperar este procedimiento, denunciaron tanto a la empresa como al Ayuntamiento, “que es el responsable de este servicio”. De hecho el 11 de septiembre se celebrará el juicio.
El portavoz del comité de empresa reconoce que están dispuestos a ir a la huelga. “Es un último recurso y nadie lo quiere. Lo ideal es que lleguemos a un acuerdo antes, pero si no se da iremos a la huelga en la Feria”, desvela Molina.
También confirma que ya han mantenido reuniones con el actual alcalde, Agustín González, antes y después de que ocupara el cargo. “Nos dijo que toda la documentación estaba lista para la nueva licitación, pero que no tenían tiempo para revisarla”, defiende el portavoz de los trabajadores.
Dos versiones distintas
Por su parte, el alcalde echa balones fuera. En unas declaraciones a Radio Jaén el miércoles, dijo que “de aquellos polvos vienen estos lodos”, asegurando que cuando llegaron al Ayuntamiento se encontraron “el problema”. “Esos pliegos hay que elaborarlos y trabajarlos. Estamos tratando con la empresa, por un lado, y con los trabajadores, por otro, en mediar y llegar al mejor acuerdo posible”, agregó.
Una versión que dista de la ofrecida por el portavoz del grupo municipal socialista, Julio Millán, que mostró este jueves ante los medios la documentación que, según dijo, dejó preparada su equipo de gobierno para sacar la licitación “a tiempo”.
Sentenció: “El señor González Romo llegó a darme las gracias por no haberlo sacado a licitación antes de las elecciones. Que diga ahora que se tiene que redactar el pliego cuando está todo hecho es faltar a la verdad”.
El concejal de Control de Empresas Concesionarias, Vicente Oya, aseveró ayer en una nota que “de haber elevado esos borradores a definitivos, la licitación hubiera sido fallida, al no contemplar los incrementos de salarios a los trabajadores, derivados de la adecuación del vigente convenio colectivo de transportes”.
Algo desmentido previamente por el antiguo concejal de este ramo, actualmente en la oposición, Francisco Lechuga. “Si no lo han sacado es porque no han querido o la incapacidad es manifiesta”, acusó Francisco Lechuga, que denunció no haber recibido llamada alguna “de ninguno de los tres concejales” que han cogido las áreas de las que él fue responsable.
En sus declaraciones, el actual alcalde también aseguró que tendrá que “trabajar, seguramente en mantener ese contrato con la empresa”, algo que Francisco Lechuga aseguró que es “inviable” desde lo administrativo porque, según explicó, contraviene a la normativa europea en este aspecto. “Se deberían haber puesto codo con codo a trabajar con los técnicos. Les dejamos todo preparado y no tienen excusa”, sentenció Lechuga sobre un asunto que tiene recorrido por delante.
