La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, uno de 57 años y un menor de edad, que fueron sorprendidos cuando transportaban en su vehículo 259 kilos de mangos supuestamente robados en el paraje de Los Cocales, en el municipio de Jete (Granada) y ha imputado a otras dos personas por recepcionar y vender almendras procedentes de un hurto.

   Según han informado fuentes del cuerpo armado, la Central COS recibió la llamada de un ciudadano que aseguraba que había dos personas sustrayendo fruta en Los Cocales facilitando, asimismo, la descripción del vehículo y de las personas y, tras el aviso, la Guardia Civil montó un dispositivo en el que se interceptó el coche cargado con 13 cajas cuyos ocupantes aseguraban que los habían comprado pero no llevaban la factura.

   El Equipo Roca de la Guardia Civil de Motril procedió entonces a investigar la procedencia de la fruta comprobando que un agricultor había denunciado la sustracción de la misma, llegando éste a identificar, por unas determinadas características, los mangos como los de su propiedad.

   Los supuestos autores de la sustracción finalmente acreditaron mediante factura la compra de una cantidad similar de esta fruta, pero el Equipo  Roca demostró que los mangos recogidos en la factura no son los que  llevaban cuando fueron sorprendidos por lo que fue detenido el mayor de ellos y puesto bajo la custodia de sus padres el menor.

   Por otro lado, la Guardia Civil ha imputado a un matrimonio en una empresa de Dúrcal por receptación de 320 kilos de almendra que había sido robados a primeros de mes en el término municipal de Padul.

   Inspeccionada dicha empresa se observó que carece de libro de registro  de entrada de los productos que adquiere así como que no exige a los  proveedores ningún documento relacionado con la procedencia de la  almendra que entregan y, comprobado que la almendra sustraída había sido entregada en dicho establecimiento, se procedió a la imputación de la responsable del mismo y de su marido como supuestos autores de un delito de receptación y la inmovilización del producto.

   La unidad de la Guardia Civil que actuó ha procedido a dar cuenta de la situación de la actividad a la delegación provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y los organismos competentes en materia de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social de las infracciones allí observadas.