Cuatro familias de agricultores han sido desalojadas este lunes por orden judicial de las viviendas en las que habitan desde hace "30 años" en Jete (Granada), hasta donde se han desplazado decenas de vecinos de este municipio y otras localidades cercanas para mostrarles su apoyo e intentar sin éxito frenar la medida.
Las familias se han mantenido en el interior de las viviendas hasta que han sido desalojadas por las fuerzas del orden, en el marco de una actuación que ha finalizado sobre las 14,30 horas y en la que se han producido algunas situaciones de "tensión", según ha informado a Europa Press uno de los afectados, Félix Bustos.
Esta situación también ha movilizado a personas del grupo Stop Desahucios, que ha desplegado pancartas de apoyo exigiendo una solución al conflicto.
Los afectados tienen una semana para retirar los enseres de las viviendas y han lamentado que finalmente el desalojo se haya ejecutado, puesto que hasta el último momento mantenían la "esperanza" de que se paralizara.
Este desalojo se produce a raíz de un pleito que se originó hace ahora más de una década. Inicialmente, los padres de los actuales inquilinos compraron en 1979 la estructura del edificio donde se han construido las viviendas, pero no se firmaron escrituras públicas con el propietario, algo que "en aquellos tiempos era frecuente", según ha relatado Bustos.
El anterior propietario se trasladó a Almería y solicitó un crédito bancario en el que le avaló su hermano. Esta persona murió sin saldar la deuda y su familiar adquirió los derechos hereditarios del fallecido y compró el edificio, que salió a subasta.
Los actuales herederos reclaman a estas familias el pago de las viviendas, pero los afectados afirman no poder afrontar el montante que solicitan y, aunque Bustos reconoce que cometieron un error al no firmar las escrituras, consideran que no deben pagar "un precio tan elevado" por unas casas que han construido ellos mismos y donde llevan viviendo 30 años.
UNA FAMILIA CIERRA UN ACUERDO
Se trata de trabajadores del campo que tienen un bajo poder adquisitivo y que, además, cada tres meses han tenido que saldar los intereses de un depósito que tuvieron que entregar para que no les echaran en 2001, cuando se produjo el primer intento de desalojo por orden judicial.
Las familias afectadas han intentado negociar con los herederos hasta el último momento y se han ofrecido a volver a pagar la estructura pero reconocen que no tienen dinero "para comprar sus propias casas".
No obstante, la quinta familia afectada sí ha cerrado un acuerdo con los actuales propietarios para adquirir la vivienda por unos 80,000 euros, según ha precisado Bustos.
Por su parte, el alcalde de Jete, Plácido Jerónimo Fernández, ha lamentado esta "dramática situación", ya que estas familias no tienen posibilidad de acceder a un crédito bancario ni de reunir el dinero para comprar las casas. El regidor ha precisado que durante la actuación se han detenido a dos personas, pero han sido liberadas posteriormente, aunque este dato no ha sido confirmado hasta el momento por la Guardia Civil.
También ha precisado que el Ayuntamiento no puede facilitarles una vivienda de titularidad pública porque no dispone de ninguna, aunque ha mostrado su pretensión de apoyar en la medida de sus posibilidades a los afectados.
