La Fiscalía ha solicitado un total de 36 años de prisión para un misionero de Granada acusado de someter a abusos sexuales a dos niños menores de edad, aprovechándose de su relación de confianza y de su credibilidad social y fama pública como religioso caritativo.
El inculpado, de iniciales A.J.R.O., suspendido de sus funciones por el Arzobispado de Granada, ejerció de profesor de Religión en tres institutos públicos de enseñanza secundaria de la provincia y puso en marcha en 1987 una asociación benéfica para ayudar a niños de la calle de Brasil sin medios económicos.
Ahora, el fiscal le atribuye dos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en condiciones especialmente agravatorias teniendo en cuenta las edades de las víctimas y su situación de vulnerabilidad, y por cada uno de ellos se enfrenta a 18 años de cárcel. Además, por vía de responsabilidad civil, también le pide el Ministerio Público una indemnización de 76.000 euros a cada uno de los perjudicados, que actualmente tienen 19 y 35 años.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, que ha adelantado este fin de semana el diario 'Granada Hoy' y al que este martes ha tenido acceso Europa Press, el primero de los casos se remonta a 1990, cuando el procesado, colaborador permanente y habitual del templo y comunidad parroquial de una localidad granadina, conoció a un menor, nacido el 6 de octubre de 1978, residente también en el pueblo, y le ofreció unirse al coro parroquial dirigido por él.
El joven, que aún no tenía cumplidos los doce años de edad, aceptó y poco después también accedió a integrarse en una rondalla juvenil en iguales condiciones y también bajo la dirección del hoy procesado. En ese mismo invierno de 1990 y 1991, el imputado encargó al menor la compra de repuestos para instrumentos de cuerda con la instrucción de que una vez hecho habría de entregarlos en su propio domicilio, añade el escrito fiscal.
Una vez en su casa, el acusado supuestamente le hizo pasar al despacho, donde "entre una virtuosa oratoria sobre temas sexuales" y "llevado de instintos lúbricos y valiéndose de su ascendente" le hizo tocamientos sin que el menor "refiriese a nadie con posterioridad lo sucedido entre sentimientos contradictorios de culpa, vergüenza y temor reverencial a partes iguales entre su agresor y sus propios padres biológicos", siempre según la petición de Fiscalía.
Así, "animado por este silencio, y persistiendo en las mismas despreciables intenciones", según indica el fiscal, el religioso continuó provocando encuentros sucesivos con su víctima en los que prosiguió con sus tocamientos cuando se encontraban en el domicilio los dos a solas,
La situación descrita permaneció idéntica con posterioridad, hasta que para el curso 1992-1993, es decir, en el mes de octubre de 1992, el joven hubo de trasladarse para estudiar bachillerato a la ciudad de Granada.
Sabiéndolo el procesado, el fiscal añade que se ofreció a llevarlo y regresarlo diariamente "con la aquiescencia de sus padres y gracias a su credibilidad social generalizada y notabilísima fama pública como religioso muy caritativo", que "aprovechó" para exigir ahora de su víctima relaciones sexuales. Éstas continuaron hasta que en 1995 el joven se decidió a negarse a ello amenazando al acusado con denunciarlo, pero no llegó a hacerlo hasta el 23 de julio de 2012, "superados los sentimientos contradictorios".
El segundo caso tuvo lugar durante el año 2002, cuando el denunciado, en su condición de religioso y misionero y durante su estancia entonces por tal motivo en zonas deprimidas del Matto Grosso en Brasil, tomó para sí y para su ayuda a la educación y formación personal, a otro menor, nacido en 23 de abril de 1994, y por tanto de ocho años de edad, añade la Fiscalía.
Ya desde entonces, "y valiéndose de su ascendente como educador personal del joven", llevado de "tan torpes como deleznables instintos" el procesado impuso a su pupilo tocamientos lúbricos (desde el año 2002) y hasta los tres años siguientes al menos (hasta el año 2005), casi a diario, en las ocasiones en las que ambos dormían juntos.
A finales del año 2005 o inicios del 2006, vinieron ambos juntos también a España, donde la víctima fue matriculada en un instituto de secundaria de Granada, en el que el misionero impartía clases como docente. Los dos vivían en un domicilio de una localidad del cinturón granadino y "como quiera que el vínculo entre procesado y víctima y dentro de los roles formales que cada uno de ellos ejercía, fuese estrechándose", al cabo de un tiempo, el religioso se decidió a exigir entonces relaciones sexuales plenas a las que la víctima, "incapaz de mostrar su negativa ante el temor a perder el arraigo adquirido, y la protección formal y material que le era dispensada", accedió.
Los presuntos abusos sexuales se produjeron entonces entre los años 2006 y 2011 hasta que el menor, "valiéndose de otras ayudas dispensadas desinteresadamente por terceros", logró su emancipación, aunque aún entonces, "la mezcla de sentimientos de temor y vergüenza, más un sentimiento reverencial de agradecimiento interior hacia su agresor", le impidió denunciar lo sucedido con anterioridad hasta el mes de mayo de 2012, cuando se decidió a hacerlo, considera la Fiscalía.
