El grupo parlamentario popular propone en su iniciativa para dar cobertura legal a la interceptación de las comunicaciones que sea un juez el que autorice la aplicación de este sistema y el que concrete qué datos han de registrarse en la investigación, de modo que se destruyan los demás.

El texto de la proposición no de ley, registrada en el Congreso con la firma de Soraya Sáenz de Santamaría, y del responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pide al Gobierno, si la medida sale adelante en la Cámara, que en el plazo de dos meses redacte una ley orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones.
 
El propio Pons denunció ayer en conferencia de prensa que el Ministerio de Interior emplea un sistema, el Sitel, que registra toda clase de datos de la persona que está siendo investigada, así como de las personas que entren en contacto telefónico con ella, sin que un juez lo autorice, lo que supone, dijo, una violación de los derechos de intimidad o de secreto de las comunicaciones.

El PP pide que siempre haya autorización de un juez para proceder a la interceptación de las comunicaciones, sea con el sistema que sea.