La Sala de lo Penal del TS ha adoptado en un auto esta decisión, tras la que –según fuentes del Supremo– es el presidente de este órgano, Carlos Dívar, quien debe elevar formalmente el suplicatorio a los presidentes del Senado, Javier Rojo, y del Congreso, José Bono, para poder proceder “con todas las consecuencias” legales contra Merino y Bárcenas.
El hecho de que el Supremo comenzase ayer a tramitar el suplicatorio no fue una sorpresa en el PP, ya que tanto el presidente del partido, Mariano Rajoy, como Luis Bárcenas sabían el martes que el tribunal tomaría esta decisión de forma inminente, según confirmaron a Efe fuentes de la cúpula de esta formación política.
Ese fue uno de los motivos por los que Bárcenas anunció el mismo martes su dimisión como tesorero nacional del PP.
“Mi familia y yo no aguantamos más, estamos agotados”, fueron las palabras que el senador popular trasmitió a Rajoy durante la reunión que mantuvieron en la sede nacional del partido.
A la dimisión de Bárcenas siguió ayer la de Jesús Merino, que ha renunciado a su cargo de coordinador de Comisiones en la dirección del grupo popular en el Congreso.
Tanto Bárcenas como Merino mantendrán sus escaños en el Senado y en el Congreso, respectivamente, por lo que el suplicatorio es un trámite obligatorio para proceder penalmente contra ellos, como había solicitado la Fiscalía, ya que siguen ostentando la condición de aforados.
Así se indica en el auto que recuerda que el artículo 71.2 de la Constitución dice que no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva y que en términos equivalentes se pronuncia la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La resolución judicial supone también que de momento, y hasta que el Congreso y el Senado resuelvan los suplicatorios, quedan suspendidas las actuaciones judiciales relativas a Barcenas y Merino. Además, dispone que se remita a Rojo y a Bono testimonio de las actuaciones que el TS estima necesarias y que no afectan al secreto de las actuaciones.
Según las investigaciones del caso Gürtel, el senador por Cantabria podría haber recibido 1.353.000 euros y el abono de un viaje turístico a cambio de adjudicar contratos a las empresas del presunto líder de la trama, Francisco Correa, y Merino 230.000 euros. Ambos aforados se defendieron en el Tribunal Supremo de estas acusaciones la semana pasada, cuando declararon voluntariamente y como imputados provisionales por estos hechos.
85 EN DEMOCRACIA
Desde el comienzo de la democracia el Tribunal Supremo ha presentado ochenta y cinco suplicatorios para proceder contra parlamentarios, incluyendo los dos contra Bárcenas y Merino. De éstos, se han concedido cuarenta y ocho, casi el cincuenta y ocho por ciento de los planteados.
De esta cifra, cuarenta y seis suplicatorios han ido dirigidos contra diputados del Congreso desde la Legislatura Constituyente (1977-1979), de los que veinticinco fueron tramitados favorablemente.
Al menos otros treinta y siete se han planteado contra senadores, de los que veintitrés fueron concedidos. La Segunda Legislatura (1982-1986), con catorce solicitudes, fue en la que más suplicatorios se tramitaron en el Congreso, de los cuales seis fueron aprobados, seis rechazados y dos trasladados a la siguiente legislatura.
En cuanto al Senado, la Sexta Legislatura (1996-2000), con catorce solicitudes, fue la que más peticiones tramitó. Del total de suplicatorios presentados, el PSOE suma treinta y seis (veintiuno en el Congreso y quince en el Senado) y el PP, incluidos los presentados contra AP, veintiséis (once en el Congreso y quince en el Senado).
Le siguen HB con nueve (cinco en el Congreso y cuatro en el Senado) e IU con tres, todos en el Congreso. Además el Supremo cursó dos suplicatorios contra UPC y otros dos contra CiU.
