La esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña podría ayudar a desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), pendiente en el Senado desde hace ya año y medio por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.

La sentencia sigue bloqueada en el Tribunal Constitucional, donde cada vez parece más difícil que la resolución sobre el Estatut pueda conocerse antes de septiembre, pese a que la intención era hacerla pública este mes de julio.

De momento, aún no se ha conseguido el consenso suficiente sobre el tercer borrador de la sentencia que tienen sobre la mesa los magistrados y que, según fuentes jurídicas, se ha intentado recortar para conseguir que no supere los 800 folios.

El próximo martes 23 de julio vuelve a reunirse el Pleno del TC y será una nueva oportunidad para solucionar las discrepancias sobre algunos de los asuntos más espinosos que han impedido hasta ahora la aprobación de la sentencia.

La decisión sobre la constitucionalidad del Estatut es uno de los escollos que entorpecen que los dos partidos mayoritarios puedan llegar al acuerdo al que se comprometieron, hace ahora un año, los presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del PP, Mariano Rajoy.

Así lo entienden en el Senado, donde la renovación de cuatro de los doce magistrados que componen el Alto Tribunal lleva bloqueada desde que finalizaran su mandato, el 17 de diciembre de 2007.

A estos cuatro miembros designados por la Cámara Alta –la presidenta del TC, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata– se suma la vacante dejada por el fallecimiento, hace más de un año, de Roberto García Calvo, cuya renovación corresponde al Congreso.

El presidente del Senado, Javier Rojo, esperará a que haya un acuerdo entre el PSOE y el PP para convocar la comisión de nombramientos de la Cámara Alta, ante la que comparecerán los 23 candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos

El acuerdo es imprescindible, puesto que se necesita mayoría cualificada del pleno, es decir, tres quintas partes de la Cámara Alta- para su ratificación.

Rojo emplazó hace ahora un año, el 31 de julio de 2008, a los parlamentos autonómicos a que designaran sus candidatos –dos por cámara territorial, según establece la LOTC)– y estos dispusieron de tres meses para enviar sus propuestas.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular eligieron dos únicos candidatos: el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López y el ex presidente de este órgano y del Tribunal Supremo Francisco José Hernando.

Ambos son rechazados por el PSOE, que defiende que la designación de estas dos personas es contraria al espíritu de la ley, que trata de que las comunidades autónomas participen activamente en esos nombramientos.

Los socialistas entienden, además, que ambos están significados políticamente puesto que, durante su etapa en el Consejo General del Poder Judicial, se pronunciaron abiertamente en contra de la práctica totalidad de las leyes elaboradas por el Gobierno.

Un eventual acuerdo que desbloqueara el proceso podría pasar por la renuncia de uno de estos dos candidatos a la reelección, para que las comunidades tuvieran una nueva oportunidad de designar a su sustituto.