Así lo ha manifestado el fiscal Vicente González Mota tras anunciar que mantiene su petición de diez años de prisión para Otegi y Díez Usabiaga -de los que ha dicho que tienen un "papel relevante" en Bateragune- y que para Miren Zabaleta la rebaja de diez a nueve años de cárcel, y a ocho años para Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto.
Para González Mota, que ha retirado la acusación contra Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra, ha quedado acreditado que los acusados, "actuando de forma organizada y en conexión con ETA", adoptaron estructuras organizadas "constituyendo un órgano de dirección o de organización" que "ni se desvincula de ETA" ni prueba que la banda armada haya modificado su estrategia político-militar.
Según ha dicho, las defensas "en ningún momento" han podido rebatir las tesis acusatorias y sostener que sus representados "han actuado al margen de ETA" o que "han condenado" su actuación.
La estrategia diseñada por la organización terrorista, ha apuntado el fiscal, era la combinación de acciones terroristas "que se apoyan en un entramado político estructural" y que se combinan "con un cese" de las mismas, lo que permitiría reconstruir su estructura organizativa.
Todo ello "sin que se renuncie ni a los fines ni a los medios (de ETA)", ha recalcado González Mota, que ha agregado que ese entramado político e institucional al servicio de ETA "se ha adaptado a lo largo de la historia para evitar su desaparición".
Para el representante del Ministerio Público hay "pruebas irrefutables" de que Otegi, Zabaleta, Jacinto, Rodríguez y Díez Usabiaga -el único de estos acusados que está en libertad bajo fianza- forman parte de esa comisión de dirección, cuya existencia ha quedado probada a raíz de la documentación intervenida a los procesados.
"Es inverosímil y carente de toda lógica pensar que Bateragune está integrada sólo por miembros de Ekin", ha dicho González Mota en relación a los argumentos esgrimidos por algunos de los procesados, y ha añadido: "ni ha sido así, ni lo fue, ni será".
González Mota ha tratado de desvirtuar el argumento de las defensas de que los acusados no siguieron al pie de la letra las instrucciones de ETA diciendo que hay documentos que señalan que la banda terrorista "dejó en manos de la izquierda abertzale campo libre para la adaptación de las estructuras".
"No compartimos la idea de que esa estrategia diseñada no se desarrolló en los términos que había apuntado la organización terrorista, porque existe una finalidad compartida, que es incorporarse al entramado institucional, y una finalidad de que esa incorporación se haga con ETA dentro del diseño, no sin ETA", ha señalado el fiscal.
El representante del Ministerio Público, que ha recordado que ninguno de los procesados "ha reclamado la desaparición de la amenaza de las armas", aunque sean partidarios de que no haya "inoportunas" acciones terroristas que "perjudiquen" la apuesta institucional.
"Si eso existe, eso es delito, aunque unos sean mas partidarios de priorizar la violencia y otros de priorizar la justificación de la violencia", ha agregado antes de decir que el objetivo de los procesados seguía siendo que el Estado cambiara el marco constitucional presionado por la amenaza de la violencia.
