El golpe de Estado militar del pasado año en Birmania ha provocado un fuerte aumento del número de condenas a muerte, que se elevaron a 86 en 2021 frente a una sola en el año anterior, según un informe de Amnistía Internacional (AI), publicado este martes.

El informe advierte del "alarmante aumento" en el uso de la pena de muerte bajo la ley marcial impuesta en partes de Birmania, donde desde el golpe de Estado del Ejército son tribunales militares quienes han dirimido casos civiles, "lo que ha conducido a procedimientos sumarios sin derecho a recurrir".

AI señala que de las cerca de 90 personas "arbitrariamente sentenciadas a muerte", 26 lo fueron en ausencia y destaca que estas condenas han sido percibidas como "una campaña selectiva contra manifestantes y periodistas".

La mayoría de las condenas se produjeron en zonas del país donde está vigente la ley marcial por supuesta violencia contra militares o simpatizantes del régimen castrense.

Una de las que más atención despertó fue la pronunciada el pasado enero contra Phyo Zayar Thaw, político de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi.

Thaw fue condenado por vulnerar la ley antiterrorista, aunque los medios próximos a la junta no dieron más detalles sobre sus supuestos delitos.

También son frecuentes las condenas a muerte múltiples, como la que un tribunal militar pronunció el pasado noviembre contra 21 personas por su supuesta participación en ataques contra objetivos militares que provocaron la muerte de cuatro personas, aunque los juicios se celebraron a puerta cerrada y sin garantías, según grupos pro derechos humanos.

La ley marcial impuesta por los militares en partes del país permite aplicar la pena de muerte por delitos de traición.

A pesar del gran aumento en las sentencias, no se produjo ninguna ejecución a condenados en todo el año 2021 en Birmania, un país donde en los últimos años nunca se llegaba a más de diez condenas, la mayoría por asesinatos, y donde no se tiene noticia de ninguna ejecución desde 1988.

El informe destaca que "antes de febrero de 2021 (fecha del golpe), las condenas a muerte conocidas eran impuestas de forma esporádica por asesinato y generalmente conmutadas a través de indultos múltiples", una posibilidad que sigue siendo posible bajo el régimen del general Min Aung Hlain.

AI señaló que de los 86 condenados, dos eran menores de 18 años cuando cometieron en el supuesto crimen y uno de los condenados padecía una discapacidad mental.

"La información disponible indica que los procedimientos eran sumarios, con los acusados incapaces de acceder a representación legal", reza el informe.

AI ha detectado un "aumento preocupante" de las ejecuciones y condenas a muerte en 2021 en el mundo, con un repunte del 20 por ciento respecto al año anterior como consecuencia, entre otros factores, del fin de las restricciones por la covid-19.

El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Al menos 1.858 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, conforme a los datos recabados por la oenegé Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.