La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que el Gobierno andaluz "sigue anticipándose" y adaptando sus decisiones a la evolución de la pandemia "siempre bajo criterio técnico y profesional" y ha manifestado que son los epidemiólogos "los que mandan hoy en el Gobierno andaluz, pues estamos gestionando siempre teniendo en cuenta sus indicaciones".
Así, ha dicho, se ha decidido y aprobado en Consejo de Gobierno el pasado martes el cierre de las playas de 21.30 a 07.00 horas, salvo para pesca y otras actividades individuales así como el uso de los establecimientos asentados en las mismas.
También se prohíben las visitas a las residencias donde haya un positivo confirmado y se limita a un 75 por ciento el aforo máximo de los eventos, con celebraciones que no superarán las 150 personas al aire libre y 100 en espacios cerrados y que deben cumplir con los horarios previstos para hostelería. El consumo de bebida y comida será exclusivamente en mesa.
Para esta segunda oleada de contagios "Málaga está más que preparada porque hemos trabajado sin descanso, primero para doblegar la curva y ahora para seguir conteniendo al virus; queremos dar certidumbre, porque estamos lejos de los peores momentos vividos durante el inicio de la pandemia", ha incidido.
De igual modo, la delegada ha agradecido el esfuerzo y entrega de los profesionales y ha recordado la apuesta de la Junta "por el talento, la investigación y la generación de recursos contra la COVID-19".
"UNA PROVINCIA PREPARADA"
Ha recordado también que los hospitales y distritos malagueños participan en decenas de ensayos clínicos, se han creado unidades específicas de residencias, se ha fabricado el respirador Andalucía Respira exportado a Latinoamérica, se cuenta con un robot capaz de analizar 2.400 PCR al día y se mantiene intacto el hospital auxiliar de Carranque con 165 camas y otras diez de UCI.
Como refuerzo al COVID, ha agregado, han sido contratados unos 1.600 profesionales más respecto a los que había al inicio del año; el Plan Verano ha supuesto un refuerzo de casi 3.900 profesionales y además unos 1.500, entre enfermería y epidemiólogos, se dedican exclusivamente al rastreo de brotes.
"Hicimos un gran esfuerzo y los deberes que tocaban, por eso estamos más preparados que antes. Asimismo los planes de contingencia para 9.000 y 15.000 casos activos siguen vigentes", sin que fuera necesario activar éste último en el pico de la pandemia, ha recordado Navarro.
EDUCACIÓN
Por otro lado, en relación con la educación ha insistido en que la decisión del Gobierno andaluz de arrancar el curso escolar de forma presencial "se ha tomado de la mano de los profesionales sanitarios y con el convencimiento de que es la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades y de progreso entre los alumnos".
El confinamiento en los primeros meses de la pandemia y en los últimos del curso escolar 2019/2020 "dejó a 90.000 escolares andaluces en el camino, 16.000 de ellos en nuestra provincia, que no han podido superar el curso académico, pues muchos de ellos además no disponían de medios telemáticos para seguir las clases online", ha dicho Navarro durante una rueda de prensa tras la reunión de coordinación de todo el equipo de la Junta en la sede provincial del Ejecutivo.
La delegada de la Junta ha referido el impacto negativo detectado en muchos estudiantes por la falta de asistencia a los centros escolares, "que son mucho más que cuatro paredes y mobiliario, ya que al final sólo en ellos se logra que todos puedan avanzar en su formación en condiciones de igualdad".
"De ahí el empeño del Gobierno andaluz para poder volver a las clases presenciales, bajo el criterio y la supervisión siempre de la autoridad sanitaria pero siendo conscientes de que el riesgo cero no existe", ha añadido Navarro.
Andalucía, dentro de su Plan de Acción en Educación para el curso 2020/21, incrementa su plantilla para garantizar una vuelta a las aulas segura en 6.419 maestros y profesores tanto para llevar a cabo medidas de desdoble garantizando la atención educativa al alumnado como para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Además, los centros contarán con 152 Profesionales de Integración Social (PTIS) y 1.600 profesionales de la limpieza.
Los centros educativos de Málaga se reforzarán con unos mil profesionales en su conjunto y se suman 30.000 dispositivos tecnológicos como recurso para alumnos en caso de que se dieran circunstancias de confinamiento.
Cada centro cuenta con un Plan de Contingencia y se han constituido las comisiones para el seguimiento de las medidas COVID-19 en las aulas. Estos órganos, uno autonómico y ocho provinciales, velarán por la aplicación de los protocolos en los centros educativos andaluces.
Cada comisión provincial estará constituida por los delegados territoriales de Educación y de Salud, el referente COVID provincial en salud, el jefe de servicio de Salud de la delegación territorial, el inspector jefe de Educación, y un responsable de la unidad de prevención de riesgos laborales.
Más de 160 centros escolares de la provincia ultiman mejoras en sus centros (obras de adaptación COVID-19) para lo que se ha destinado un presupuesto de 4,3 millones de euros.
También ha recordado que han comenzado ya los test al personal que trabaja en Educación y se dotará a los centros en estos primeros días de septiembre de los materiales de protección. Son más de 27.000 test rápidos a todo el personal del sistema educativo no universitario de la Junta de Andalucía que presta servicio en Málaga.
La delegada de la Junta ha recordado que se han mantenido reuniones y contacto directo con las direcciones de los centros y las asociaciones de padres y madres. "Unidos somos más fuertes", ha aseverado Navarro para agradecer y apelar de nuevo a la unidad institucional "pero también a la responsabilidad colectiva e individual a la hora de cumplir las medidas de protección y los protocolos que se apliquen".
FINANCIACIÓN
Por último, ha dicho que la Junta de Andalucía espera una "mejor financiación para Andalucía por parte del Gobierno central, no es tolerable que se nos discrimine como hasta ahora", al tiempo que ha señalado el objetivo de déficit, la retención de fondos de políticas activas de empleo y el reparto de fondos COVID como algunas de las medidas adoptadas por el Estado "que perjudican a la comunidad andaluza en su lucha contra el virus".
"Pero todo esto no nos ha impedido luchar contra la crisis sanitaria, social y económica", ha agregado Navarro, que ha valorado la inversión pública de 240 millones de euros para movilizar recursos privados que repercutan e el sector empresarial y la creación de empleo, como la ampliación del plazo del pago de tributos en tres meses, la creación de distintas líneas de avales o los microcréditos exprés para autónomos y mutualistas.
"Málaga, como motor económico de Andalucía, ha sido la gran beneficiaria de la reorganización de los presupuestos destinada a reforzar el Servicio Andaluz de Salud y amortiguar el impacto económico y social", ha concluido.
