Diez años ha tardado la plantilla de Litosa en ver cómo se firmaba el nuevo convenio colectivo que reclamaban. El acuerdo se debe al acercamiento que se produjo con la entrada del nuevo Equipo de Gobierno socialista, hace dos años, y los sindicatos, y que se ha plasmado en esta alianza que garantiza hasta 2019 un periodo de paz social en la empresa municipal de recogida de residuos urbanos.
El acuerdo se cierra tras más de un año de negociación entre comité de empresa, sindicatos y el Ayuntamiento. Y aunque su entrada en vigor estaba prevista para 2016, este retraso se ha debido, según el Consistorio, a la necesaria incorporación al expediente de los correspondientes informes jurídicos.
Así, el consejo de administración de la sociedad ha dado recientemente por unanimidad luz verde a esta firma del nuevo convenio que recupera la capacidad salarial de los trabajadores perdida durante los años de crisis, reconoce derechos laborales e introduce nuevos beneficios sociales para los 235 empleados de esta empresa.
El concejal de Litosa, Jesús Díaz, ha formalizado (tras la aprobación del convenio por todos los grupos políticos de la corporación representados en el consejo de administración de la empresa) la firma del acuerdo con el comité de empresa y los representantes sindicales de CSIF, UGT y CC.OO. con representación en la plantilla.
El nuevo convenio recupera para la plantilla la reducción salarial que se les aplicó a partir de 2012 como consecuencia de la crisis económica. Lo hará en tres etapas, un tercio de la pérdida salarial en cada una de ellas, calendarizadas en junio de 2016 (cuando estaba prevista inicialmente la firma), enero de 2017 (que ya acumula un retraso por la necesidad de contar con los informes jurídicos) y enero de 2018. En el caso de las dos primeras liquidaciones atrasadas se les abonará en la próxima nómina de septiembre.
Además, el convenio introduce como novedad la garantía de recuperación del empleo por parte de los trabajadores en caso de extinción de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción por causas de fuerza mayor o coyunturales.
A partir de ahora, los trabajadores que pudieran ser despedidos por alguna de esas circunstancias tendrán prioridad de reincorporación en caso de necesidad de ampliación de plantilla; y también se introduce la igualdad de género como un derecho a la no discriminación por razón de raza, sexo, edad, religión, ideología o afiliación política-sindical.
