Con una saga familiar dedicada durante décadas al derecho, el decano de los procuradores, Antonio López Álvarez (Málaga, 1956) observa con preocupación, junto a los más de 400 procuradores judiciales malagueños, cómo su trabajo se va a ver afectado desde este lunes por la huelga que inician los funcionarios de la Administración de Justicia. Un capítulo más que se añade a los efectos todavía no resueltos del paro indefinido de los antiguos secretarios judiciales (LAJ). López tomó posesión en octubre de 2016, y anuncia que ya no se volverá a presentar en mayo
Málaga es la segunda provincia andaluza, después de Sevilla, con mayor número de procuradores de los tribunales. ¿Cómo es su trabajo?
En España hay unos 9.000 procuradores, y tras la ley Ómnibus del 2009, que supuso el fin de la territorialidad profesional, cualquier compañero del resto de España puede operar en los tribunales de Málaga utilizando las nuevas tecnologías. Nuestra provincia tiene mucha actividad y órganos judiciales, y ello redunda en el trabajo diario. El movimiento económico de la Costa del Sol genera más reclamaciones y juicios que en Sevilla.
Como operador jurídico, ¿cómo ve el nuevo paro del personal de Justicia?
No voy a cuestionar el derecho de huelga, y estamos expectantes en saber cuál va a ser la repercusión que tendrá después del paro de los letrados de la Administración de Justicia. Cualquier tipo de huelga incomoda a los usuarios, a los justiciables, que son los perjudicados principales, porque esperan a que salga su juicio o su desahucio. Los abogados y procuradores también somos afectados puesto que si un procedimiento judicial se alarga en el tiempo, nos genera un perjuicio económico puesto que no cobramos. Pese a que en última instancia hay juzgados que trabajan más rápido que otros, la huelga de los antiguos secretarios ha dado pie a la suspensión de muchos juicios. Ahora, los que paran son los funcionarios, y en principio como es un paro parcial de tres horas, les podría permitir trabajar a primera y a última hora de la jornada, con lo que el efecto puede ser algo menor.
¿Cómo fue el día después del final del paro indefinido de los antiguos secretarios?
Nos hemos encontrado con una avalancha de notificaciones, pese a que tanto el Ministerio como los Colegios Generales de Abogados y Procuradores enviaron unas pautas para evitarlo. Con la aplicación LexNet prácticamente estamos casi las 24 horas de servicio, y lo que ha sucedido es que nos han llegado a entrar cientos de notificaciones de golpe, con la carga que genera para comunicarlas a letrados y clientes. El personal del Colegio ha trabajado mucho la primera semana para hacer el reparto de esta avalancha de notificaciones.
¿Tienen ustedes datos de las consecuencias?
Ninguno. Tenemos entendido que se está preparando un informe estadístico sobre los asuntos paralizados. El Colegio lo ha solicitado y estamos pendientes. El problema que hemos tenido es que nos avisaban que se suspendía un juicio el mismo día y, a veces, diez minutos antes. Si un procurador o su cliente residen en Marbella, por ejemplo, y tienen que ir a la capital para estar en una vista, y cuando llegas te indican que se va a suspender, pues has perdido media mañana que nadie te recompensa. Aunque también es cierto que algunos órganos han avisado con antelación.
¿Y a su colectivo profesional en qué medida le ha afectado?
Algunos compañeros han visto peligrar su facturación mensual por la anterior huelga, que se ha sumado a las demoras tradicionales en las resoluciones de la Justicia. Si los asuntos no concluyen, y no puedes lógicamente cobrar por ello a tu cliente, está claro que no llegamos a final de mes, y ello sí que lo han sufrido algunos despachos.
¿Qué les han dicho los clientes?
Aunque llevamos la representación de los mismos, los que más contacto tienen son los abogados, y ha sido a ellos a los que más se han quejado. La ley te permite ponerte en huelga, y ésta siempre tiene unos efectos negativos para alguien. La tuvo la de los controladores aéreos, ha habido perjuicio en las del personal sanitario, y en la de la justicia no iba a ser menos. Es inevitable la vulneración de los derechos de terceras personas y los perjuicios de una huelga en los juzgados. El trastorno se genera en casos como el lanzamiento de un piso, porque el inquilino no te paga. Y si te aplazan el desahucio dos meses más, es evidente que se produce un daño al no poder recuperar la propiedad. Por tanto, habría que regular todas estas situaciones.
La Junta de Andalucía tiene asumidas transferencias en materia de Justicia, ¿podría hacer algo?
Lo que tiene es la transferencia respecto a la justicia gratuita, pero es cierto que deben de quedar claros los servicios mínimos para saber a qué atenernos. A día de hoy, los procuradores no sabemos cuál va a ser la respuesta de seguimiento por parte de los funcionarios, pero estoy convencido de que los efectos serán mayores que la pasada de los letrados de la Administración de Justicia. Son muchas mesas las que pueden quedar paradas, sin actividad, tres o más horas. Es evidente que el problema de la justicia en España se soluciona con más personal y más inversión.
