Tras una reunión mantenida esta mañana con representantes sindicales de UGT y CCOO, la diputada en el Congreso por la provincia de Cádiz, Miriam Alconchel, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa “el caos que se ha instalado en el servicio público de Correos, consecuencia directa del recorte en 120 millones de euros que representa dos tercios del presupuesto en 2017, y que pone en riesgo a 1.500 puestos de trabajo en Andalucía”. Según los datos ofrecidos por las centrales sindicales, la provincia de Cádiz ha perdido más de 300 empleos directos en los últimos cinco años de “privatización encubierta del PP con más de 200 vacantes que no se están cubriendo”.
“Rechazamos los continuos recortes de presupuesto y empleo que el Gobierno de Rajoy está perpetrando en la empresa pública Correos, con consecuencias graves, sobre todo, en el entorno rural por el cierre de oficinas y la desaparición del servicio”, ha indicado para asegurar que en la provincia de Cádiz, las pedanías de Jerez se están viendo seriamente afectadas por un desmantelamiento silencioso y silenciado del servicio que representa un nuevo ataque del Gobierno de Mariano Rajoy al mundo rural”.
Y es que para la diputada socialista, “con una rebaja de dos tercios de la aportación estatal en un solo año, por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, el cierre de oficinas y de puestos de atención a la ciudadanía es irremediable y eso representa un ataque directo a los usuarios y usuarias del servicio postal público”.
El impacto negativo de los recortes del Gobierno de Rajoy en el servicio de Correos a la ciudadanía es evidente y muy preocupante, a juicio de la representante del PSOE, que destaca que de esta forma se hace inviable prestar servicio postal en amplias zonas, especialmente en el medio rural, se reducen los horarios de atención al público en las oficinas postales y sobre todo, se incumple la prestación del servicio postal cinco días a la semana -de lunes a viernes-, tal y como obliga la normativa postal y Europa. “La situación es de retrasos, por ejemplo, en citaciones oficiales sujetas a plazo, situaciones procesales, o citas médicas y causa un daño irreparable”, precisa.
Para la diputada socialista queda claro que “el PP está poniendo en en riesgo la mayor empresa pública del país, con casi 9.000 puntos de atención, 2.400 oficinas y 6.600 servicios rurales, 13.500 vehículos y casi 50.000 trabajadores”.
Miriam Alconchel ha defendido el papel de Correos “a lo largo de su historia para contribuir a la cohesión social, territorial y económica de la comunidad y de todo el país, ya que presta servicio público a la ciudadanía, a las empresas y a las administraciones en todos los núcleos de población”.
Es por ello por lo que el Grupo Socialista va a registrar una batería de iniciativas parlamentarias para preguntar al Gobierno del PP por la Comisión que se creó y que está en vía muerta, así como para saber “cuándo prevé que se recuperen los más de 9.000 trabajadores a nivel nacional y los 300 trabajadores de Correos que se han perdido en los últimos años en Cádiz, además de cuestionar sobre cuáles son las previsiones inversoras de Correos para 2018”. Cabe recordar que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para evitar la pérdida de empleos, así como el cierre de oficinas.
Las iniciativas en el Congreso vienen a completar la ofensiva institucional que el PSOE ha iniciado en ayuntamientos y diputaciones con una moción en defensa del servicio público y del empleo en Correos, con el objetivo de reclamar al Gobierno de España que ponga fin de manera inmediata al recorte presupuestario estatal en Correos, que asegure el reparto de correspondencia cinco días a la semana, como obliga la regulación postal nacional y la directiva postal europea, así como plantear la creación de grupos de trabajo autonómicos para estudiar la situación de la empresa pública de Correos y evitar el cierre de oficinas.
Tanto Rafael Tejada de CCOO como Juan Manuel Rocha de UGT, que han comparecido junto a Alconchel, han alertado de que “el estrangulamiento financiero de Correos parece una estrategia dirigida a desmantelar el servicio postal universal, un servicio público que presta Correos para hacer llegar los envíos a todas las poblaciones”. Los sindicatos calculan que son necesarios entre 200 y 230 millones de euros para prestar un servicio adecuado y advierten de que los grandes beneficiados de ese recorte presupuestario son las compañías privadas de correo. Han ilustrado su denuncia con datos sobre la campaña de Navidad, por ejemplo, donde las contrataciones han bajado notablemente, ya que en 2016 fueron 164 y este año solo 44 y la consecuencia directa ha sido el colapso del servicio en las oficinas que han de dejado de contratar y cubrir bajas. Ambos han achacado la nefasta gestión a la dirección de zona que “parece tener inquina hacia la provincia de Cádiz, la más castigada en recortes de toda Andalucía”.
Respecto a la oferta de empleo para incorporar 1.869 carteros y agentes de centros de clasificación postal, Alconchel lo considera “del todo insuficiente y sobre todo, un engaño”. “Además hay que tener en cuenta la demora a la hora de materializar estos puestos porque esta oferta se publicita cuando ni siquiera se ha puesto en marcha el proceso de selección correspondiente a la de 2016”, indica, al tiempo que advierte de que “estamos hablando de que todo esto se enmarca estrictamente dentro de las tasas de reposición que en el caso de correos es del 75% por haber incurrido en pérdidas en los últimos tres ejercicios”. “Tampoco sabemos si las plazas que se convocarán serán a tiempo completo y estimamos que es una convocatoria insuficiente ante las necesidades de plantilla de los distintos centros de trabajo”, ha zanjado la diputada.
