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Jerez

Rechazo a la transfobia y defensa de la comunidad LGTBI en Jerez

El Gobierno expondrá en el Pleno “su rechazo” a la campaña diseñada y puesta en marcha por la plataforma ‘Hazte Oír’

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  • Izada de la bandera arcoiris en el Ayuntamiento -

La Comisión de Igualdad, Acción Social y Medio Rural ha dictaminado favorablemente la propuesta del Gobierno municipal relativa al rechazo de las actuaciones transfóbicas y defensa de la comunidad LGTBI de Jerez frente a las acciones discriminatorias de las que puedan ser objeto.

Mediante esta propuesta, el Gobierno expondrá en el Pleno “su rechazo” a la campaña diseñada y puesta en marcha por la plataforma ‘Hazte Oír’ “por considerarla discriminatoria hacia las personas trans, y más concretamente, hacia menores de este colectivo incluyendo a integrantes de la ciudadanía de Jerez pertenecientes al mismo”.

De esta forma, desde el Gobierno se recuerda que “este Ayuntamiento ha sido siempre respetuoso y vigilante con el marco legislativo vigente y con la protección y el desarrollo de la libertad de la ciudadanía del municipio de Jerez, entre quienes se encuentran las personas trans y todas las que pertenecen a la comunidad LGTBI, que disfrutan de los mismos derechos y libertades y en plenas garantías de igualdad”.

En la propuesta se pone de manifiesto que en el Pleno del Parlamento de Andalucía, celebrado el pasado 30 de marzo de 2017, se aprobó con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios una declaración institucional contra la transfobia como consecuencia de las actividades desarrolladas por esta plataforma, entre las que figuran “acciones comunicativas y propagandísticas en el espacio web, las redes sociales y mediante un autobús que está recorriendo los municipios del Estado”.

Según se argumenta en la propuesta, “las actividades de esta plataforma tienen un claro cariz transfóbico y discriminatorio contra estos colectivos, a la vez que sus mensajes “suponen un ataque moral y social contra los derechos y la dignidad de las personas trans, incluyendo a menores”, entrando “en claro conflicto con la legislación vigente en el Estado Español, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por consiguiente, en el municipio de Jerez”.

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