El primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, defendió ayer las acciones adoptadas por el Ayuntamiento para tratar de precintar una granja avícola situada en La Canaleja y que viene ocasionando molestias diarias al vecindario desde hace ya varios años.

Tanto Antonio Saldaña como Agustín Muñoz -responsables de Urbanismo en la presente legislatura- deben comparecer ante el juzgado de Instrucción número 2 el próximo lunes 23 de junio en calidad de imputados por la comisión de un presunto delito medioambiental.

Saldaña negó ayer que el Consistorio no haya adoptado medidas en estos últimos años para tratar de desmantelar esta instalación, algo que cree podrá demostrar en su declaración ante la jueza. Así, el primer teniente de alcalde recordó que Urbanismo inició un expediente a raíz de detectarse que el propietario de la granja carecía de licencia administrativa.

Fue entonces cuando el titular de la instalación solicitó esa licencia, que le fue denegada al no cumplir con las directrices del PGOU, de manera que se dio orden de clausura de este criadero.

Sin embargo, el propietario presentó entonces un informe de la Junta de Andalucía en el que se cataloga al gallo combatiente español como animal de compañía, de ahí que no procediera solicitar licencia para el desarrollo de ninguna actividad económica.

Ahora, el Ayuntamiento ha retomado el asunto desde el punto de vista del incumplimiento de las ordenanzas medioambientales, y de hecho a primera hora de la mañana de ayer se llevaron a cabo una serie de mediciones para comprobar el nivel acústico que emite la granja.

“Los vecinos están en su derecho de reclamar, pero es evidente que el Ayuntamiento ha estado actuando y ahí están los informes. Todo eso es lo que pretendo aclarar en la declaración ante la jueza”, explicó Saldaña.