En poco más de una semana se cumplirá un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Reforma de la Administración Local, penúltimo caballo de batalla entre el Gobierno de la Nación y los grupos de la oposición. Hasta ahora hemos estado al tanto, como consecuencia de ese debate, de los efectos inmediatos de la entrada en vigor de su articulado sobre la ciudadanía, y aunque habrá que esperar todavía a que transcurran un par de años para apreciar su efecto sobre la economía de los propios ayuntamientos, quienes conocen más de cerca su funcionamiento ya alertan de las consecuencias directas que pueden deparar en aquellos que no cumplan con las estrictas condiciones de ahorro que establece el articulado. Lo apuntan altos funcionarios de la administración local que, como fieles defensores del municipalismo, recelan de muchas de las medidas incorporadas, al tiempo que son conscientes de la necesidad de establecer una disciplina en la gestión de los ayuntamientos que, si no se remedia, en muchos casos puede acabar con la intervención estatal e, incluso, ante el Tribunal de Cuentas. El mensaje a los gobiernos locales parece evidente: “prepárense, que vienen curvas”.
Lo ponía de manifiesto el propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien advertía ante los medios y sin reparos que si la controvertida Reforma no va a acompañada de los recursos necesarios para llevarla a cabo “tiene la mejor de las voluntades, pero la más difícil de las aplicaciones”.
Un aspecto éste en el que incide a su vez la técnico del Ayuntamiento de Jerez, Milagros Pérez, quien apunta que “puedes limitar las competencias de los ayuntamientos en busca del ahorro, pero si olvidas la financiación será difícil conseguir el objetivo de ese mismo ahorro, cuantificado en 8.000 millones de euros. Es como si quisiéramos hacer la casa al revés: queremos ahorrar, pero ya veremos cómo lo hacemos”. De hecho, pone en duda que el Estado pueda alcanzar el ahorro exigido desde Bruselas.
Una perspectiva que invita a analizar las circunstancias con más detenimiento, puesto que si hasta ahora las críticas se centraban en que la presente reforma sólo conduciría a la reducción de derechos de los ciudadanos y a la privatización de servicios públicos, las consecuencias de una mala gestión municipal, a la luz de la nueva ley, también puede tener funestas consecuencias sobre el municipio en cuestión y, por supuesto, sobre sus gestores.
José Miguel Braojos, interventor del Ayuntamiento de Sevilla, apunta al respecto que se trata de una ley “dura”, y por eso mismo lamenta que desde el Gobierno que la ha impulsado no se esté explicando adecuadamente a quienes deben asumirla, caso del propio personal de la administración local.
“En este momento hay un desconocimiento de la ley porque no se entiende. No sólo de cara a los funcionarios, sino a los políticos que desarrollan su labor en los ayuntamientos, para que eviten la demagogia y sean conscientes de que estamos hablando de medidas duras que lo que pretenden es sostener a las corporaciones locales en el tiempo mediante una financiación adecuada”.
Braojos se detiene, a este respecto, en un apartado que considera fundamental y que es el que puede ocasionar auténticos dolores de cabeza a los gestores municipales a partir de este momento: los órganos de control económico de los ayuntamientos, consistentes en tres pilares sin cuyo estricto cumplimiento cualquier gobierno local se verá empujado a nuevos planes de saneamiento, la intervención e, incluso, a responder penalmente por su gestión.
órganos de control
El primero de ellos se centra en los derechos de imposibles de recaudación, para proveer de cara a “fallidos” y evitar que se vaya generando un nuevo agujero en las arcas municipales. Hasta ahora, al determinar el déficit o el superávit de cada ejercicio, la ley pedía proveer una cantidad para restar de ese resultado. “Eran cantidades simbólicas, pero a partir de ahora la ley obliga a dotar un 25% de los derechos sin cobrar durante los dos primeros años, un 50% al tercero, un 75% al cuarto y al quinto, y a partir de ahí del cien por cien, con lo que, llegados a este extremo, los cobros pendientes van a originar un agujero y un incremento del déficit que empujará a realizar un plan de saneamiento”. La única opción, según Braojos, de solventar esta cuestión pasa por “hacer un presupuesto de cobros y gastos lo más ajustado posible”.
El segundo órgano de control es el relativo a las sociedades mercantiles, que ahora contarán con un control financiero que dirá en todo momento si el Ayuntamiento se ajusta a lo legislado para las administraciones locales.
Y el tercero, el más riguroso, es el que alude a los “reparos de intervención”, que obligará a que si son presentados tengan que ser “levantados” por el presidente de la entidad o por el pleno, cuando se trate de un “reconocimiento extraordinario de crédito para gastos sin consignación presupuestaria, que son nulos de pleno derecho, por servicios prestados, para no perjudicar al proveedor. Se reconoce que hay que pagar, pero la ilegalidad está ahí. Hasta ahora eso se quedaba en un cajón del Ayuntamiento, pero a partir de ahora irá al Tribunal de Cuentas, que tendrá que determinar si hay un perjuicio para la administración y si hay responsabilidad penal”.
diputaciones
Por otro lado, las críticas desde el seno de la administración local no se centran sólo en la parcela económica, sino en las alternativas defendidas por la reforma de cara a atender a los municipios a través de las diputaciones. El secretario del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez, se muestra contrario a esta opción: “Las diputaciones no tienen experiencia en la gestión. Hasta ahora han hecho una gran labor en el desarrollo de obras de infraestructuras para saneamiento o abastecimiento en municipios, pero carecen de la experiencia para asumir la gestión en la prestación de servicios. Yo por mi parte, creo más en modelos asociativos entre municipios que en este tipo de soluciones, pero no a semejanza de las estructuras que se habían creado de la mano de algunas mancomunidades que se convirtieron en un problema por la ausencia de control del clientelismo”.
Braojos coincide en esta perspectiva, quien parte de la crítica de la “tutela” a la que estarán sometidos los ayuntamientos que dependan de las diputaciones. “Es algo que va a restar autonomía a esos municipios. Yo por mi parte potenciaría las mancomunidades obligatorias para municipios con proximidad geográfica, de manera que pudieran agruparse para desempeñar servicios comunes con el personal que tienen, no creando plantillas nuevas, que es lo que se ha hecho hasta ahora cuando se creaba una mancomunidad”.
Milagros Pérez critica a su vez que el nuevo modelo potencia las competencias de las diputaciones. “Entiendo que no debe pasar por ahí la solución, sino por racionalizar, ya que las diputaciones, que han tenido hasta ahora un papel importante para municipios pequeños, dejan de convertirse en una asistencia para asumir una competencia”.
Otra cuestión candente desde el primer borrador de la reforma ha sido el nuevo papel de las entidades locales autónomas (ELA). Pérez, que trabaja en el Ayuntamiento con más pedanías de Andalucía dentro de su término municipal -siete en total-, también amplía al respecto que, aunque se hayan modificado los borradores iniciales que apuntaban a su desaparición y mantengan su personalidad jurídica propia, “no hay que olvidar que la ley prevé el impulso a la fusión de municipios y a la concentración”, como una alternativa futura caso de que los resultados económicos no sean los esperados.
Milagros Pérez | técnico del Ayuntamiento de Jerez
“Hay más administraciones que reformar”
“Siempre se ha hablado de hacer una reforma de la administración local. Es algo histórico, porque siempre ha habido problemas de competencias y de financiación. En este sentido, había que hacer una reforma de la administración local, pero también hay que hacerla de la estatal y de las autonómicas. El foco se ha puesto desde un principio en la local porque dicen que es más fácil reformar en lo local que en otro ámbito superior, pero haría falta igualmente una reforma de calado en los otros niveles. Lo curioso es que se aplica esta reforma sobre la única administración que ha cumplido con el objetivo de déficit público en el cierre del ejercicio del año 2012. En ese momento el Estado cerró el déficit en un 7,1%, pero lo que no se dice es que fueron el Estado y las autonomías los que más contribuyeron al mismo, mientras que las administraciones locales presentaron un superávit del 0,22%. Es cierto que no es un porcentaje muy alto, pero al menos era un dato positivo”.
José Miguel Braojos | interventor del Ayuntamiento de Sevilla
“Se han hecho muchas cosas sin financiación”
“Es cierto que la ley de estabilidad presupuestaria ha contribuido a reucir el déficit desde los ayuntamientos, pero hay que hacer una reforma de la ley de haciendas locales en el ámbito de la financiación, en el de la recaudación y en el del gasto, de manera que cada ayuntamiento haga sus presupuestos en función del cobro del ejercicio anterior. Es decir, gasto más si recaudo más, si no me limito a mi gasto. Durante los últimos años los ayuntamientos han hecho muchas cosas con buen ánimo, pero sin financiación, y eso ha provocado agujeros importantes de cara al sistema financiero y a los propios proveedores. Por el hecho del gasto se ha originado un perjuicio a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales terminaron por cerrar como consecuencia de los impagos de los ayuntamientos, que se tienen que limitar a lo que tengan, y no encontrarnos con casos de ayuntamientos que se han limitado a pagar a sus trabajadores, con retraso o incluso ni eso”.
Venancio Guitérrez | secretario del Ayuntamiento de Málaga
“Quien redactó la ley no conoce la realidad local”
“El problema de la reforma de la administración local radica en que ha sido redactada por técnicos del Ministerio de Hacienda con un claro sesgo económico, pero desde el desconocimiento de la realidad local. Ahora, en cualquier caso, ha llegado el momento de decir que el toro está en el ruedo, la ley ya está vigente, y lo que tenemos que hacer es esforzarnos en hacer una buena interpretación de la misma, aunque, de momento yo le encuentro algunas contradicciones, como cuando se trata de seguir la corriente europea en las fusiones de municipios, con la diferencia de que en Europa los municipios que terminan fusionados asumen sus funciones propias, y aquí lo que se propone es quitárselas. Yo, por mi parte, entiendo que es una ley que no vulnera la Constitución. La carta magna, es cierto que habla de eficacia, no de eficiencia, como propone esta reforma, pero también propugna la cooperación entre las administraciones públicas”.
