El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha anunciado esta mañana que el PSOE inicia una campaña de movilización permanente contra la reforma local aprobada ayer en el Consejo de Ministros. Un texto- ha advertido- "elaborado sin consenso ya que no hay un solo sindicato, partido, ni colectivo social en Andalucía que respalde una propuesta del Gobierno del PP que pretende acabar con los ayuntamientos".
“El PP quiere aprobar una de las reformas más importante de este país, sobre los ayuntamientos que son uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, sin haber dialogado con las Comunidades Autónomas, sin los ayuntamientos, sin los sindicatos, la universidad, sin ningún tipo de colectivo, lo que da una muestra del talante del Gobierno de auténtica imposición y por eso desde Andalucía le vamos a seguir pidiendo al Gobierno que retire inmediatamente ese texto”, ha señalado.
Conejo, que ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes y portavoces municipales de la provincia, ha asegurado que “si el anteproyecto no cambia durante el trámite parlamentario que se iniciará a partir de septiembre en el Congreso, donde el Grupo Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad, los socialistas recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional”.
Ha basado la oposición del PSOE al texto “impuesto por el Gobierno de España” en tres argumentos. El primero es el desmantelamiento de los servicios públicos básicos que prestan los ayuntamiento, el segundo su privatización,  y en tercer lugar, el despido masivo de empleados públicos en Andalucía, donde más de 40.000 trabajadores de ayuntamientos, diputaciones provinciales, mancomunidades de municipios y ELA, se pueden ver en la calle.
En Andalucía existen 690 municipios de menos de 20.000 habitantes, 9 de cada 10 municipios tienen menos de 20.00 habitantes, y son los que, a su juicio, “están en peligro, se pueden quedar sin competencias y sin servicios”. “Estamos hablando de que los vecinos que vivan en esos pueblos, se tendrán que desplazar a las capitales de provincia para realizar cualquier trámite. No se va a garantizar la recogida de basura todos los días, estamos hablando de una subida del recibo del agua, de la desaparición de nuestros pueblos como los conocemos, estamos hablando de una privatización de servicios como las empresas de transportes que pueden estar a día de hoy en peligro de extinción”, ha explicado.
Conejo considera que la reforma “le quita competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales y es gravísimo que se queden sin la posibilidad de colaborar en una política esencial como son las políticas sociales, de ayuda a domicilio, atención a los mayores”. “El gobierno prohíbe que colaboren con las comunidades autónomas en la prestación de estos servicios y lo mismo sucede con igualdad, educación, innovación y empleo, juventud”, ha precisado.
El dirigente socialista andaluz ha destacado que se producirá “un desmantelamiento brutal del mundo local, quieren que desaparezcan los ayuntamientos, es una agresión en toda regla” y ha advertido que “pretenden restar democracia y participación porque menos municipalismo significa menos democracia en país”.
“No vamos a permanecer pasivos, vamos a defender con todos los recursos posibles a nuestros ayuntamientos ante la agresión del Gobierno de España que en un momento de crisis como el actual no debería perpetrar un atentado como éste contra quienes tanto ayudan a los ciudadanos”, ha advertido insistiendo en la campaña de movilización permanente que el PSOE va a desarrollar.
Por su parte, el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva provincial, Francisco Menacho, se ha referido al impacto en la provincia de Cádiz, donde el 66 por ciento de los municipios, que son los más afectados por la reforma, tienen menos de 20.000 habitantes y donde existe una importante concentración de Entidades Locales Autónomas (ELA) con 11 pedanías de las 44 que existen en Andalucía y que desaparecerían de facto en el momento en que el ayuntamiento matriz no cumpla con los criterios económicos impuestos por el Gobierno. El también parlamentario andaluz ha situado esta reforma dentro de “la oleada de retrocesos sociales que experimenta el país con el Gobierno de la derecha” y ha subrayado que “los alcaldes pierden autonomía, los ciudadanos tendrán servicios más caros y se da un golpe de muerte a las ELA”. En esa línea, ha criticado que “el PP en la provincia eche balones fuera y en Jerez se haya convocado un pleno el día 2 de agosto para darle más autonomía cuando hay una ley ya que las quita de raíz”.
Menacho ha destacado también que “la reforma conecta con otra de las leyes aprobadas por el Gobierno como la LOMCE” y donde ha advertido de que “se ha producido un importante cambio, antes a los ayuntamientos se les obligaba a colaborar en la puesta a disposición de terrenos para colegios públicos y ahora han suprimido en el artículo 32 la palabra público”. De esta manera, argumenta, “puede suceder lo que ya ha pasado en municipios como la propia ciudad de Jerez donde el ayuntamiento ha cedido un solar para la construcción de un colegio privado”. Menacho ha concluido que “la reforma es letal porque supone un golpe autonomía municipal, a lo público, una apuesta por la privatización y el alejamiento de los servicios a los ciudadanos”. 
La secretaria local, Miriam Alconchel, ha criticado especialmente que la alcaldesa María José García Pelayo vaya a convocar ese pleno la semana próxima para abordar el estatuto jurídico de las ELAS, con el que supuestamente se van a establecer las relaciones entre el consistorio y las pedanías jerezanas. “La oposición no tiene información salvo la que se está publicando”, se ha quejado señalando que “demandarán saber claramente de qué competencias y de qué financiación estamos hablando”. “Después de dos años sin pagar a las ELA, de retrasos, dos años sin renovar los convenios pese a las reclamaciones de la oposición, y dos años de absoluta paralización de las relaciones con las pedanías en pagos y convenios, es increíble que venga una semana después de la aprobación de la reforma local a convocar un pleno cuyo estatuto que por muy bien elaborado que esté por los técnicos al final dirá que no puede cumplir por imperativo legal”. Alconchel ha emplazado a la alcaldesa a que “se sitúe al frente en la defensa de las ELA y no en un Pleno donde se va a debatir un estatuto que lo que recoge será papel mojado”.