Facua pide que la subida del agua se repercuta lo menos posible a los usuarios

Publicado: 07/03/2024
Entiende que las empresas deberían asumir una mayor parte del incremento del precio, que en todo caso tendría que aplicarse de manera gradual
La asociación de consumidores Facua ha pedido que la “enorme subida” de precios aprobada por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) se repercuta “en la menor medida posible a los usuarios domésticos”, considerando que tendrían que ser los “consumos no domésticos (empresas)” quienes deberían asumir “una mayor parte del más que previsible incremento que va a producirse en el coste de este servicio”.

El colectivo recuerda que tras la decisión adoptada por el Consorcio, “corresponde ahora” a los ayuntamientos decidir “cómo y en qué medida” se repercute esa subida del agua, advirtiendo del “enorme impacto” que tendrá ese incremento en el caso de las empresas del sector turístico y de la hostelería, una circunstancia que los consistorios deben tener en cuenta “a la hora de modificar las tarifas”.

Facua admite que pueda producirse una subida en las tarifas domésticas atendiendo “a la grave crisis provocada por la sequía”, pero cree necesario “que el posible aumento se realice de forma progresiva a lo largo de los próximos años, en lugar de aplicarse de una sola vez durante el presente año”.

La asociación también argumenta que los ayuntamientos deben tener en cuenta la situación actual de las economías domésticas, “que deben hacer frente al encarecimiento brutal que han experimentado los productos básicos de alimentación y que, previsiblemente, deberán afrontar también durante este año una nueva subida del recibo de la luz”.

Atendiendo a ello, Facua Cádiz considera que los ayuntamientos deben también acompañar cualquier subida del precio del agua a los usuarios domésticos de un incremento de las ayudas y bonificaciones a los usuarios, “sobre todo a aquellos que padezcan mayores dificultades para hacer frente al pago de los recibos”.

Asimismo, la organización de consumidores mantiene que el coste que suponga la realización de las inversiones que sea necesario acometer “no puede repercutirse exclusivamente en los usuarios, sino que las administraciones públicas deben asumir la mayor parte”.

 

 

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