“La casuística de la venta ilegal de llaves, e incluso del método de la patada en la puerta, no puede ser admitida por la administración pública, puesto que estas casas sociales es un recurso público y necesario para las personas que la necesitan, no para los que actúan de esa forma. Por tanto, estamos obligados a defender la legalidad. En el caso de este primer desahucio, previsto para febrero, como en la mayoría del medio centenar de casos que están ya en el juzgado, son los propios vecinos de la barriada los que están comunicando este tipo de venta ilegal”, indicó la concejal.
En el indicado caso de este primer lanzamiento, se trata de la venta de llaves a una familia de Algeciras. Desde el año 2008 está este asunto en el juzgado. “Hablamos antes con los implicados, quienes no atendieron a razones de ningún tipo, motivo por el que para salvaguardar el derecho público y de todos los ciudadanos emprendimos las acciones judiciales, paralelamente a las que ha realizado la familia que legalmente ostenta el disfrute de ese inmueble”.
Asegura Atienza que este tipo de casos seguirán siendo vigilados por el Ayuntamiento, al tiempo que recordó los dos procesos de regularización de ocupantes que se han emprendido por su departamento, los cuales han tenido poca colaboración por parte de los propios ocupantes.
