La mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) ha evitado que se perdieran en la provincia 4.032 horas de trabajo por huelgas en 2012. En concreto, en 6 de los 9 procedimientos tramitados efectivamente previos a la huelga, y que implicaban a 90 trabajadores y seis empresas, se logró acuerdo, lo que ha supuesto un 66% de avenencias, según ha destacado el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz.
El delegado territorial ha recalcado la importante labor que este servicio, gestionado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha desarrollado durante los últimos años y que se ha traducido en más de 2,1 millones de horas evitadas de huelga en la provincia desde 2000, lo que ha repercutido directamente en la actividad de 6.886 empresas y 77.000 trabajadores.
En este sentido, ha animado a empresarios y empleados a acudir siempre al SERCLA para buscar consenso en caso de conflicto, y ha recordado que la Junta de Andalucía promueve el diálogo social tanto en tiempos de bonanza como en etapas de crisis, tal y como demuestra el recién firmado Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, un documento que recoge la aportación de los agentes sociales y económicos al Pacto por Andalucía y que tiene como principal objetivo la voluntad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de Andalucía, mediante la negociación y la concertación de actuaciones.
En total, el SERCLA medió el pasado año en 59 expedientes de conflictos colectivos laborales que afectaban a 20.009 trabajadores y 932 empresas, de los cuales se resolvieron con acuerdo un 40,68% de los casos. De estas avenencias se beneficiaron 854 empresas y 12.571 trabajadores de la provincia. Además, resolvió mediante arbitraje un conflicto colectivo que implicaba a 85 trabajadores.
Por tipo de conflicto, el organismo adscrito a la Junta recibió un mayor número de expedientes con casos previos a la vía judicial -81%-, seguido de los casos previos a huelga -15%-, en tanto que los restantes correspondieron a otros procedimientos.
En cuanto a las motivaciones, el 47% de los que se tramitaron de forma efectiva correspondieron a diferencias en la aplicación e interpretación de convenios colectivos, y el 22%, por impagos de salarios, en tanto que el resto respondió a aplicación e interpretación de normas laborales -15%-, a la modificación de las condiciones de trabajo -7%- y a la negociación del convenio -7%-.
Respecto a las principales actividades económicas que protagonizaron los expedientes, un 20% corresponden a la construcción, un 17% a las actividades administrativas y servicios auxiliares, un 15% a la industria manufacturera; un 12% a la administración pública y otro 12% a transporte y almacenamiento, un 8% a la hostelería, y un 6% al sector primario.
