La mujer acusada de abuso sexual, agresión sexual, coacciones, trata de seres humanos y explotación laboral a siete mujeres latinoamericanas ha aceptado cumplir nueve años de cárcel para evitar el juicio en el que la Fiscalía iba a pedir 37 años de prisión.
La vista se iba a celebrar entre mañana, martes, y pasado mañana, miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Los términos del acuerdo de conformidad entre las partes, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), implican que la acusada aceptó ser condenada a nueve años de cárcel: un año por cada uno de los cinco delitos de abuso sexual; cinco meses por el delito de agresión sexual; tres meses por el delito de coacciones; tres años por el delito de trata; y cuatro meses por el delito contra los derechos de los trabajadores.
Acepta, además, pagar una multa de 180 euros por el delito leve de maltrato y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización a cada una de las víctimas de los cinco delitos de abuso sexual de mil euros, y de 6.000 euros para las otras dos.
Los hechos que se iban a juzgar a partir de mañana tuvieron lugar entre marzo y octubre de 2019.
En esas fechas, la acusada y su pareja sentimental consiguieron captar la atención de al menos siete mujeres procedentes de Nicaragua, Guatemala y Colombia a través de anuncios en Internet.
Todas ellas eran mujeres con gran necesidad económica, vulnerables, sin arraigo ni apoyos en España, en situación de estancia o de ilegalidad a las que la pareja atrajo con el pretexto de ofrecerles trabajo doméstico en su casa.
Tras ganarse su confianza para que acudieran al domicilio, creaban un clima de temor y angustia para doblegar la voluntad de las víctimas y perpetrar contra ellas actos de naturaleza sexual, así como imponerles condiciones de trabajo que atentaban contra sus derechos laborales y contra su libertad, impidiendo que escaparan de su esfera de control creando una atmósfera de temor y angustia.
La condenada y su pareja, que murió al arrojarse por la ventana durante el registro de la vivienda, engañaban a las mujeres para que se dejasen auscultar por el hombre, que decía ser médico y necesitar someterlas a un chequeo, durante del cual las sometía a vejaciones sexuales.
A algunas de las víctimas las obligaron a realizar las labores domésticas o a comer vestidas únicamente con un tanga o a ducharse con la puerta abierta y en presencia de la condenada o su pareja sentimental.
Como consecuencia de estos hechos, al menos dos de las víctimas sufren secuelas de trastorno de estrés postraumático de carácter moderado, han precisado de tratamiento psicológico y precisarán de seguimiento facultativo y tratamiento farmacológico.
