El Fondo Social de Viviendas (FSV), puesto en marcha por el Gobierno para facilitar el alquiler a familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desahuciadas, cuenta con 12 viviendas en Estepona, según los datos publicados por el Ministerio de Economía. La iniciativa fue firmada el pasado 17 de enero por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito.
El fondo nace con 5.047 viviendas que aportan las 33 entidades firmantes del convenio y da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. Las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en marcha de este convenio que entrará en vigor el 31 de marzo. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
Además, en el momento de presentación de la solicitud, el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no debe superar el límite de tres veces el IPREM (1.597 euros), así como que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.
En la comunidad autonóma andaluza hay un total de 859 viviendas. Por provincias, Almería es la que tiene más viviendas disponibles, 247; seguida de Málaga, con 171 y Granada, con 122; por su parte, en Cádiz hay 116 viviendas; en Córdoba, 60; en Jaén, 56 y en Huelva, 41; mientras que Sevilla es la provincia con menos pisos en el fondo, 46.
Solicitudes
Las solicitudes deberán dirigirse a la entidad de crédito, que darán prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. Solicitarán para ello informe a los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputación provincial, que deberán emitir informe en un plazo de 15 días. Las viviendas se asignarán antes de la finalización de cada trimestre, comenzando el 31 de marzo de 2013. Las organizaciones sociales asesorarán en el proceso y facilitarán el acceso a la información.
Habrá una Comisión de Coordinación y Seguimiento en la que participarán con un representante, además de las organizaciones sociales (Plataforma del Tercer Sector), los ministerios que suscriben el convenio (Economía, Sanidad y Fomento), el Banco de España, la FEMP y cuatro representantes de las entidades adheridas designados por la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de las Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Asociación Hipotecaria.
