Las negociaciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) al menos hasta el 31 de mayo entran en una semana clave. El Gobierno quiere evitar que, como en otras ocasiones, el acuerdo se produzca 'in extremis' y ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta con la que espera lograr el sí de las partes.

Tras varias reuniones en las que no se logró un acuerdo definitivo pero sí avances importantes, según las fuentes consultadas por Europa Press, el nuevo texto del Gobierno pretende agilizar la tramitación de los ERTE, pero no supone cambios sustanciales respecto a la regulación actual, que expira el próximo 31 de enero.

El principal escollo para cerrar el acuerdo es el compromiso de mantener el empleo durante seis meses al que están obligadas las empresas que se acogen a un ERTE. Si dicho compromiso se incumple, las empresas tienen que devolver todas las ayudas recibidas en exoneraciones de cuotas.

Las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, reclaman cambios en la formulación de este compromiso debido a los problemas de solvencia que presentan ahora las empresas y que, según argumentan, les impedirá mantener a todo el personal en nómina.

Así, lo que plantean es que, si se incumple este compromiso, las empresas devuelvan las ayudas recibidas por cada trabajador del ERTE que sea despedido, pero no por toda la plantilla que se incluyó en este procedimiento.

Esta demanda ha sido rechazada de plano por el Gobierno y por los sindicatos, que entienden que los recursos públicos que se utilizan para sostener las rebajas de cuotas empresariales en los ERTE tienen que tener una 'contraprestación': que las empresas no despidan.

Desde el Ejecutivo, tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, han dejado claro que no se utilizará el dinero de los ERTE para despedir.

"Nadie duda ni por un segundo de que evidentemente el apoyo público tan importante para la financiación de todas las bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad y prestaciones que se pagan a los trabajadores cubiertos por ERTE no pueden en última instancia servir para procesos de despidos más adelante", aseveró Calviño el pasado viernes.

Así las cosas, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, así como el esquema actual de ERTE, según adelantó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unos días.

Asimismo, se mantendrá también la prohibición de despedir a las empresas, la de repartir dividendos y la de realizar horas extraordinarias.

Además, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.

SECTORES 'ULTRAPROTEGIDOS' Y ERTE DE LIMITACIÓN E IMPEDIMENTO

La regulación actual de los ERTE establece la prórroga automática de los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y contempla dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.

Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos legalmente.

Son los llamados sectores 'ultraprotegidos', a los que recientemente, en el marco del plan de rescate al turismo, la hostelería y el comercio, se añadieron nuevas actividades, entre ellas el comercio al por mayor de bebidas; los restaurantes y puestos de comidas; las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales; los establecimientos de bebidas, y las actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas).

Todos los sectores que reciben la calificación de 'ultraprotegidos' cuentan por el momento con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.

En el caso de las nuevas modalidades de ERTE que se introdujeron en la última prórroga, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.

Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.