El comité de la ONU que investigó la operación militar israelí Plomo Fundido en Gaza acusó al Ejército hebreo y a Hamas de cometer “crímenes de guerra”, al atacar de manera deliberada a la población civil durante el conflicto del pasado diciembre y enero.

Los cuatro miembros de la misión encabezada por el jurista sudafricano Richard Goldstone acusan a los dos bandos, en un informe divulgado ayer, de ignorar su obligación, como dispone el derecho internacional, de distinguir entre objetivos militares y civiles.

Las acciones de las fuerzas armadas israelíes, así como de las milicias palestinas, constituyen “crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad”, aseguró Goldstone en la presentación del documento en la sede de Naciones Unidas.

El ex fiscal de los Tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda calificó de “pusilánimes” las indagaciones de Israel sobre sus acciones en la franja, al tiempo que aseguró que las autoridades en Gaza han hecho “muy poco” para investigar posibles violaciones cometidas por las milicias palestinas.

Por ello dijo que el comité insta al Consejo de Seguridad de la ONU a obligar a Israel y a las autoridades palestinas a emprender sendas investigaciones y procesar judicialmente a los responsables de haber cometido acciones criminales. En caso de que los dos bandos incumplan el mandato del máximo órgano, este debería referir el asunto a la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

“La prolongada situación de impunidad ha propiciado una crisis de justicia en los territorios palestinos ocupados que merece ser atendida”, advierte el informe.

La mayor parte de sus 574 páginas se centran en la actuación de los militares israelíes durante las tres semanas que duró la violenta ofensiva contra el territorio palestino, en la que murieron aproximadamente 1.400 personas, en su mayoría civiles.

El comité acusa a las autoridades israelíes de utilizar deliberadamente la fuerza de manera “desproporcionada” contra la población civil como parte de su estrategia para derrotar al movimiento radical islámico Hamas después de que se hiciera con el poder en Gaza en 2007.

“Las operaciones eran un paso más en una política general destinada a castigar a la población de Gaza por su resistencia y por su aparente apoyo a Hamas, y para posiblemente forzar a que dejaran de respaldarlo”, asegura.

En ese sentido, la ofensiva formaba parte del “castigo colectivo” que se había iniciado con el bloqueo impuesto al territorio palestino después de que la milicia islámica expulsara por la fuerza a la Autoridad Nacional Palestina de la franja en junio de 2007.

Los cuatro miembros del comité examinaron con particular atención 36 incidentes concretos, en los que hallaron que los militares israelíes ignoraron el principio fundamental del derecho internacional de “distinguir” entre objetivos civiles y militares.

Según el informe, el Ejército israelí disparó al menos en siete ocasiones contra civiles con banderas blancas, atacaron una mezquita durante las ceremonias de oración y bombardearon una casa en el campamento de Zeitún en la que civiles se habían cobijado por órdenes de soldados israelíes.

Además, el Ejército hebreo bombardeó sin previo aviso con proyectiles de fósforo el hospital Al Quds de Gaza, provocando un incendio que se tardó días en extinguir.

“No pudimos encontrar ningún objetivo militar o una razón militar que justificara estos ataques”, aseguró Goldstone a la prensa.

El comité asegura en el informe que los lanzamientos de cohetes desde Gaza a poblaciones en el sur de Israel constituyen también “crímenes de guerra y podrían llegar a ser crímenes contra la humanidad” por su naturaleza indiscriminada.

Los miles de cohetes lanzados por las milicias palestinas de la franja han causado cerca de veinte muertos en siete años en las poblaciones israelíes.

Goldstone señaló que el informe es fruto de 188 entrevistas, la lectura de 10.000 páginas de documentos y la revisión de 1.000 imágenes de fotografía y vídeo.

Además del jurista sudafricano, el panel está integrado por la profesora de derecho internacional Christine Chinkin, la jurista Hina Jilani y el coronel retirado del Ejército irlandés Desmond Travers.

Goldstone lamentó que Israel se negara a cooperar en la investigación, e incluso les prohibiera la entrada al país, lo que les obligó a entrevistar a los testigos israelíes en Ginebra y Amán.