La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las protestas de Cataluña del 20 y 21 de septiembre al entender que los hechos pueden ser constitutivos de delito de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado".
La magistrada de la Audiencia Nacional acuerda librar oficio a la Guardia Civil para que elabore el atestado sobre las actuaciones, según expone en un auto en el que entiende que la competencia de su investigación es de este órgano debido a que la manera en que se produjeron los hechos podría atentar contra los bienes jurídicamente protegidos y contra la actual forma de gobierno.
Considera que las concentraciones ocurridas esos días a las puertas de la Consejería de Economía tras los registros acordados por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona buscarían "tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estrado y declarar la independencia de una parte del territorio" quebrantando "el principio de la unidad de la Nación española".
Por ello la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que estaba en funciones de guardia en el momento se registró la denuncia del Ministerio Público, asume la instrucción de la causa aunque razona en el auto que no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la Audiencia Nacional.
CAMBIO ILEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
"La descripción del delito de sedición en el Código Penal -recogido en el artículo 544 y penado con hasta 15 años de cárcel-- encajará en las conductas materiales descritas en el delito contra la forma de gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado", reza el auto en el que la juez recuerda que el bien jurídico que se protege es el orden público entendido como la paz y tranquilidad en las manifestaciones.
También se hace eco de la denuncia, que firma el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, en la que se señala a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium por montar en La Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía y expone también que los voluntarios hicieron un cordón ante el edificio para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos.
IMPEDIR LA LABOR DE LOS AGENTES
La denuncia hace un relato de los hechos ocurridos la pasada semana y que comenzaron con la concentración "de una muchedumbre de personas" en los edificios que los agentes estaban registrando "con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".
Igualmente advierte de la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos impulsaron movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".
