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En Marea reclama al Gobierno que prohíba las ETTs y agencias de colocación con fines lucrativos

La iniciativa recuerda que en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 estaba explícitamente prohibido reclutar y contratar trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas, por considerar que esta actividad implicaba "tráfico ilegal de mano de obra"

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  • Una oficina de empleo -

En Marea --la confluencia gallega con la que Podemos se presentó a las pasadas elecciones generales-- ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que prohíba las empresas de trabajo temporal (ETT) y las agencias de colocación con fines lucrativos.

   La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 estaba explícitamente prohibido reclutar y contratar trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas, por considerar que esta actividad implicaba "tráfico ilegal de mano de obra".

   Sin embargo, en las últimas tres décadas se han ido aprobado sucesivas normativas que han acabado legalizando las ETTs, conduciendo a un modelo "profundamente permisivo" que conducen a sus sistema "basado en la completa privatización de los servicios públicos de empleo".

EL PROBLEMA ES LA PRECARIEDAD

   Además, En Marea recuerda que el problema del mercado de trabajo español no es de flexibilidad, sino de precariedad, que se ve agravada por la acción de este tipo de compañías, donde la duración media de los contratos no llega al mes y la contratación ordinaria es por día.

   "La contratación indefinida en las ETTs es testimonial", critican los diputados gallegos, recordando que esta situación dificulta la organización colectiva de los trabajadores y afecta sobre todo a sectores intensivos en manos de obra y de baja especialización, lo que "evidencia el fracaso" de este tipo de empresas en el marco de un mercado de trabajo que fomente la estabilidad y la calidad en el empleo.

   Por todo ello, En Marea quiere que la Comisión de Empleo del Congreso inste al Ejecutivo a iniciar los trámites legislativos oportunos para suprimir del ordenamiento jurídico español las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación con fines de lucro.

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