El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado investigar, por falta de competencia, la declaración ante la Policía del financiero Javier de la Rosa en la que aseguró que estaba sufriendo amenazas por disponer de información sobre las supuestas cuentas en el extranjero del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Se inhibe en favor del Juzgado número 43 de Madrid, que fue al que la Policía trasladó inicialmente estos hechos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estima que en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no le cabe asumir la competencia de este asunto y remite al Juzgado número 43 tanto las declaraciones de De la Rosa como las efectuadas también ante la UDEF por la expareja sentimental de Jordi Pujol hijo, María Victoria Álvarez Martín, dada su "conexidad".
En lo que se refiere a la falta de competencia, el juez actúa en los mismos términos que lo solicitado el pasado miércoles por la Fiscalía, que alegó la falta de relación de los hechos denunciados con los que aparecían expuestos en los escritos de querella y denuncia que dieron origen a la incoación de otras diligencias ya archivadas por Ruz.
Estas diligencias, que cerraron con el archivo también por falta de competencia, fueron una querella presentada por el abogado Joaquín Yvancos y una denuncia del sindicato Manos Limpias contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola; y sus hijos Jordi y Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias.
Además, Yvancos incluía en su querella al presidente de la Generalitat, Artur Mas; su consejero de Interior, Felip Puig; y al empresario Carlos Riva.
Ruz indica, en coincidencia con la Fiscalía, que las declaraciones de De la Rosa, realizadas en dependencias policiales el pasado 5 de diciembre, son ampliatorias de las que ya dieron origen a unas diligencias incoadas por el Juzgado Número 43 de Madrid por presuntos delitos de amenazas y coacciones, sobre los que la Audiencia Nacional no es competente.
DECLARACIÓN DE EX NOVIA
El magistrado también se refiere a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción instando la declaración de la expareja de Jordi Pujol hijo, que denunció en dependencias policiales la existencia de viajes realizados por éste a Andorra portando una mochila con gran cantidad de dinero en billetes de 500 euros, así como la realización viajes a México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.
En esta última ciudad, según Álvarez, se mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que, según su exnovio, "les llevaba muchos negocios a su familia". Esta mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol hijo realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
Sobre esta declaraciones, Ruz señala que no aparecen acompañadas por informe alguno de la Unidad Policial Actuante, que es la UDEF, "que tampoco ha practicado gestión alguna para verificar los extremos objeto de la declaración prestada". Se destaca también que la propia Fiscalía subrayaba que Victoria Álvarez expuso ante la Policía "presuntos malos tratos físicos y psicológicos" cuya autoría atribuyó a su exnovio.
DATOS INSUFICIENTES DE LA EXPAREJA
En un auto dado a conocer este viernes, Ruz coincide con la Fiscalía en que los datos aportados por la mujer "resultan manifiestamente insuficientes e inconcretos par iniciar una mínima investigación criminal", aunque rechaza tomarle declaración porque, en todo caso, no se trataría de delitos competencia de la Audiencia Nacional.
Los hechos no son de su competencia porque no se desprende que sean constitutivos de una defraudación "que produzca o pueda producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia", concreta el auto.
De la Rosa se presentó el pasado 29 de noviembre en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) para denunciar que estaba siendo objeto de amenazas y coacciones, y la Policía trasladó su denuncia a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, que por el sistema de reparto recayó en el número 43.
El 5 de diciembre el financiero realizó una ampliación de esta denuncia en la que concretaba que las amenazas tenían su origen en el borrador policial sobre las cuentas de la familia Pujol publicado el 16 de noviembre por el El Mundo y su implicación en el caso Grand Tibidabo.
Según el citado borrador, el matrimonio Pujol Ferrusola y sus dos hijos dispone de un capital de 165 milllones de francos suizos (137 millones de euros) en la banca privada Lombard Odio de Ginebra (Suiza).
