Antonio Meño, el joven que quedó en coma por una negligencia médica tras una intervención quirúrgica y que permaneció acampado 522 días junto a su familia ante el Ministerio de Justicia, ha fallecido.
Según han informado a Efe fuentes del despacho de Luis Bertelli, uno de los letrados que llevó la defensa de esta familia, Meño fue enterrado ayer.


El joven quedó en coma vegetativo el 3 julio de 1989, cuando tenía 21 años, tras someterse a una rinoplastia en la Clínica Nuestra Señora de América de Madrid, entidad que quedó absuelta tras los juicios iniciados por sus padres.


Su familia, que agotó la vía penal y civil para pedir una indemnización, fue condenada en 2009 por el Tribunal Supremo a pagar 400.000 euros en costas, lo que les supuso el embargo de su vivienda, aunque finalmente su abogado logró que el Tribunal paralizara la notificación, a través de un incidente de nulidad.


En la primera sentencia de 1993, la Justicia obligó a la aseguradora a indemnizar a Antonio Meño con 172 millones de pesetas (más de un millón de euros).


No obstante, tanto el juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid como la Audiencia de Madrid (en 2000) y el Tribunal Supremo (en 2008) rechazaron las demandas de la familia y concluyeron que no existió negligencia médica.


Tras esta decisión, los padres de Meño instalaron en 2009 un campamento en la madrileña plaza Jacinto Benavente de Madrid, junto al Ministerio de Justicia, para reclamar una salida digna a la situación de su hijo.


Sorprendentemente, el caso dio un vuelvo cuando Ignacio Frade, uno de los cirujanos que había presenciado la operación de Antonio Meño y ajeno a la situación por la que atravesaba la familia, pasó por delante de la tienda instalada frente al ministerio, se informó de lo sucedido y se ofreció a declarar.


El 17 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo admitió la demanda de revisión presentada por la familia y anuló las sentencias dictadas anteriormente.


El Alto Tribunal admitió la demanda por el testimonio de Frade, que aseguró que durante la intervención el anestesista, Francisco González, se ausentó y no estaba presente cuando él mismo se percató de que se producía una alteración en la frecuencia del ritmo cardiaco de Meño.


Tras este hecho, la familia de Antonio Meño regresó a su casa después de 522 días acampados.
El 28 de abril de 2011 se celebró el primer acto de conciliación y, tras una primera falta de acuerdo económico, el 14 de julio ambas partes firmaron el pacto por el que la familia de Meño recibió una indemnización de 1.075.000 euros, lo que puso fin a 22 años de litigio.


Los padres de Meño señalaron que habían aceptado el acuerdo porque no tenían fuerzas para otro juicio, aunque tenían la sensación de haber "vendido" a su hijo.


Así, al salir del juzgado, la madre de la víctima, Juana Ortega, reconoció, entre lágrimas, que se había llegado a un acuerdo "miserable" con el que se sentía "muy mal, prácticamente humillada", pero que no tenía "fuerzas para seguir adelante" y enfrentarse a otro proceso durante diez años, por lo que hizo caso a los abogados, pese a lamentar que hubiese quedado libre el anestesista Francisco González.