La vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding se ha disculpado ante el Gobierno español por sus "desafortunadas" declaraciones sobre una hipotética independencia de Cataluña, ha revelado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.
"Reding ha dicho que sus declaraciones fueron extraordinariamente desafortunadas y que su postura coincide con la del resto de la Comisión Europea", que sostiene que es competencia de los Estados miembros de la UE decidir sobre aspectos que afecten a su integridad territorial, ha señalado García-Margallo durante el debate en el Congreso sobre la adhesión de Croacia a la UE, que se ha convertido en un debate sobre las aspiraciones independentistas de Cataluña.
El ministro ha revelado las disculpas de Reding después de que el diputado de ERC Joan Tardà se refiriera a las polémicas declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión para agradecer al Gobierno español que, con su queja a Reding, hayan lanzado al resto del mundo el mensaje de que "esto de los catalanes va en serio".
El Ejecutivo español remitió a Reding la semana pasada una carta en la que pedía que todos los miembros de la Comisión Europea explicaran la posición de Bruselas en este asunto "de conformidad con los tratados".
Esa carta fue la respuesta del Gobierno a una entrevista de la luxemburguesa en el 'Diario de Sevilla', en la que aseguró que "la legislación internacional no dice nada que se parezca" a que un nuevo Estado resultante de otro Estado matriz deba abandonar todos los organismos internacionales si se declara independiente.
Sus palabras las recogieron otros numerosos medios de comunicación, que interpretaron unánimemente que Reding quería decir que Cataluna no tendría por qué dejar la UE si se declarase independiente.
El Gobierno español sostiene que la UE no aceptará una hipotética secesión de Cataluña u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español.
Basa su convencimento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual, sostiene el Ejecutivo, solo sería legal una secesión pactada con España y la actual Constitución de nuestro país impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía de España corresponde al conjunto del pueblo español.
Incluso cuando se llegara al caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada --porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo-- el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE, sino que tendría que iniciar un proceso de adhesión que solo concluiría cuando los miembros de la Unión estuvieran unánimemente a favor de su ingreso.
