Los sindicatos del sector público están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas anunciadas por el Gobierno que incluyen la anulación de la segunda paga extraordinaria de los funcionarios y empleados públicos, la reducción de los moscosos y un ajuste en el número de liberados sindicales.
En una concentración en la Puerta del Sol, donde se han reunido centenares de trabajadores públicos, los representantes de los funcionarios han tachado la actuación del Gobierno de "ilegítima" y esperaran a que las medidas salgan publicadas en el Boletín Oficial del Estado para ver si cabe la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional o desempeñar intervenciones parlamentarias a través de los grupos que lo deseen, además de medidas de fuerza como paros parciales y paros generales.
En este sentido, las centrales sindicales recuerdan que el Tribunal Constitucional de Portugal consideró hace unas semanas "discriminatorio" el recorte de los salarios aplicado por el Gobierno de Passos Coelho a los funcionarios públicos y pensionistas, y no al sector privado. "Al Gobierno español le da igual" este precedente, han señalado las organizaciones.
"Estamos esperando a la publicación del BOE, porque desgraciadamente no conocemos íntegramente lo que se expone en el texto, si bien, este fin de semana nuestros servicios jurídicos estudiaran su contenido, y tras esto iniciaremos todos aquellos recursos que sean necesarios", ha avisado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, en declaraciones a los medios de comunicación al termino de la concentración.
NO DESCARTAN UNA HUELGA GENERAL
Asimismo, ante los "duros" recortes emprendidos por el Ejecutivo, que dicen, afectarán "gravemente" a todos los ciudadanos, los sindicatos no descartan convocar una huelga general en el sector público cuando finalice el periodo vacacional.
Sin embargo, todas las organizaciones han destacado que sería preferible que el paro fuera a "nivel confederal", porque las medidas del Gobierno afectan "a más trabajadores".
"Si al final hay que hacerla como empleo público la haremos, pero creemos que hay que hacerla con carácter general" y eso "es lo que están discutiendo ahora las confederaciones", señalan desde UGT.
Además, tanto UGT, CCOO, como CSII-F han remitido una carta a las organizaciones de trabajadores USO, CGT, los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, CIG), sindicatos de Correos, de Administración y Justicia, de enseñanza, de sanidad , entre otros, para organizar una reunión en la que se promuevan las medidas de presión ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.
"SE VA A ACABAR LA PAZ SOCIAL"
Durante el acto de protesta se han oído gritos pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a favor de una huelga general. Los manifestantes han mostrado su entero rechazo a las medidas anunciadas por el Ejecutivo haciendo sonar silbatos y gritando cánticos como "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", "No hay pan para tanto chorizo" y "Se va a acabar la paz social".
Bajo el lema "No vamos a quedarnos de brazos cruzados, movilízate", trabajadores de diversos departamentos del estado como hacienda, así como colectivos pertenecientes al sector de la sanidad o la educación, han mostrado su "enérgico rechazo", a lo que califican como "atraco" por parte del Gobierno.
De esta forma, el vicepresidente nacional de CSI-F, Pepe Navarro ha negado que los empleados públicos sean los culpables del déficit. "Nosotros somos prestatarios de unos servicios públicos de calidad, que sin ellos los ciudadanos no podrían gozar de bienestar social".
Por otro lado, aunque reacio a la "imposición" del Gobierno, Navarro ha dicho que la reforma de la Administración Pública es necesaria porque hay una duplicidad "enorme" de los servicios que se prestan, algo que según sus palabras CSI-F le ha repetido al Ejecutivo en varias ocasiones.
Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Rafael Espartero, ha aseverado que las medidas "cuestionan" el poder adquisitivo de los empleados públicos y "ponen en peligro" el funcionamiento de los servicios públicos.
